Centroamérica teme que Trump pueda ‘deportar’ el coronavirus
Los gobiernos de América Central pueden hacer poco para impedir que EE.UU deporte a los migrantes que pueden introducir casos de coronavirus en una región hasta ahora muy protegida del virus.
Marcelo Ibate esperaba afuera de la gran puerta negra, comiendo tortillas de una bolsa de plástico sudorosa. Una fila de soldados camuflados estaba más allá con grandes armas y mascarillas faciales.
Ibate no sabía qué día llegaría su hijo Eduardo o si traería el coronavirus con él en el vuelo de deportación desde Estados Unidos, ahora el epicentro de la pandemia mundial.
“Por supuesto que temo por mi hijo, pero creo que está bien”, dijo Ibate en español mientras esperaba fuera de la base de la Fuerza Aérea donde se procesan los repatriados, junto al aeropuerto comercial de la ciudad de Guatemala. “Si está enfermo, no hay mucho que podamos hacer, sólo esperar y cuidarlo. Yo soy su padre; soy responsable por él. Tengo que hacerlo”.
Después de prohibir los viajeros extranjeros y cerrar sus fronteras y negocios para tratar de contener la propagación del coronavirus, Guatemala a principios de este mes se convirtió en la primera nación en rechazar públicamente los vuelos de deportación desde Estados Unidos.
No duró mucho. Hace poco más de una semana, con garantías del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU de que se habían establecido protocolos de salud, las autoridades guatemaltecas permitieron que se reanudaran los vuelos, comenzando con 66 guatemaltecos enviados desde Brownsville, Texas.
El grupo incluía al hijo de 19 años de Ibate.
Si bien la ley guatemalteca requiere la repatriación de sus ciudadanos, la rápida reversión subraya la tensión para América Latina, una región que ha tomado medidas drásticas para evitar importar casos de coronavirus de Estados Unidos.
Con la pobreza crónica, la corrupción, la violencia y los sistemas de salud disfuncionales, Guatemala, Honduras y El Salvador, el Triángulo Norte de América Central, son muy vulnerables a la pandemia, pero también dependen de la asistencia económica y de seguridad de Estados Unidos. Tienen poca influencia con la Administración Trump claramente determinada a continuar las deportaciones a pesar del riesgo de empeorar la propagación del virus.
“Tiene que ser acordado, no impuesto”, manifestó Joaquín Samayoa, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, sobre las deportaciones. “Si existe un riesgo, sería responsabilidad de EE.UU evitar que salga de sus fronteras”.
Actualmente, los tres países del Triángulo del Norte continúan aceptando vuelos de deportación, pero sólo para sus propios ciudadanos.
Esa restricción es un golpe a los esfuerzos de la Administración Trump para limitar la inmigración. Bajo un controvertido acuerdo que entró en vigencia a fines de noviembre, Estados Unidos ha trasladado a Guatemala a casi 1.000 hondureños y salvadoreños a quienes la Administración Trump ha prohibido el asilo estadounidense. Pero en medio del coronavirus, Guatemala detuvo ese programa. La pandemia ha hundido el lanzamiento de acuerdos similares con El Salvador y Honduras.
Los funcionarios de la Casa Blanca se negaron a comentar oficialmente o confirmar el número total de casos de coronavirus entre los empleados del DHS, los inmigrantes detenidos o los que ya fueron deportados, y dirigieron al Times a los funcionarios del DHS para conocer el total, que no proporcionaron.
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha confirmado dos casos de COVID-19 entre migrantes bajo su custodia, cinco casos entre empleados de ICE o personal que trabaja en centros de detención y 19 casos entre otros empleados.
La portavoz del DHS, Sofía Boza-Holman, dijo el sábado que la Administración Trump está “comprometida a ayudar a frenar la propagación del virus”.
John Sandweg, ex director interino de ICE en la Administración Obama, señaló que existe “un grave riesgo de contagio” con los vuelos de deportación, tanto para los migrantes como para los oficiales de ICE a bordo, así como para el país receptor.
“Podrían suspender fácilmente los vuelos si quisieran”, declaró Sandweg sobre el gobierno.
Los países del Triángulo del Norte se encuentran entre los principales lugares de origen de los 38.058 migrantes que están actualmente en detención de inmigrantes en Estados Unidos. De ellos, 6.166 han ejercido su derecho bajo la ley de EE.UU a buscar protección y han puesto su reclamo ante los funcionarios de inmigración. Más del 60% de todos los migrantes detenidos no tienen condenas penales.
Antes de la Administración Trump, muchos habrían sido entregados a familiares para esperar audiencias judiciales.
En medio del coronavirus, los defensores han presentado demandas que exigen tales liberaciones. Académicos, expertos en salud e incluso algunos funcionarios de la administración y los mismos detenidos han dicho en entrevistas que los centros de detención, a menudo abarrotados y poco sanitarios, son una “placa de Petri” para el virus.
Antes de la pandemia, el inspector general del DHS encontró 14.000 “deficiencias” de salud y seguridad en los centros de detención contratados entre octubre de 2015 y junio de 2018. Al menos 10 migrantes han muerto bajo custodia de ICE este año fiscal.
Ante las críticas, ICE anunció la semana pasada que reduciría las acciones de aplicación. En cambio, la agencia se ha sumado a la población total detenida.
Los funcionarios del DHS dicen que siguen las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y han implementado controles de salud adicionales en los agentes de la Patrulla Fronteriza y los oficiales de ICE.
También han comenzado a medir la temperatura de los migrantes antes de abordar los vuelos, ya sea a otros centros de detención o a otros países.
“Los principales expertos en atención médica de los CDC han trabajado rigurosamente con el DHS para desarrollar las mejores pautas y prácticas para evitar la propagación del COVID-19 en la frontera norte y sur, en nuestros centros de alojamiento para inmigrantes y [en] nuestros vuelos de repatriación”, manifestó Health y la portavoz del Departamento de Servicios Humanos, Caitlin B. Oakley, en respuesta a las solicitudes de comentarios de la Casa Blanca.
Esos pasos pueden ser insuficientes.
“Se puede tener el virus sin padecer fiebre”, señaló Adam Isacson, director de supervisión de defensa en la Oficina de Washington para América Latina. “De lo contrario, todos podríamos ir a bares en este momento y simplemente tomarnos la temperatura antes de entrar”.
David Marín, un alto funcionario de ICE en Los Ángeles, expresó su preocupación de que si los países comienzan a rechazar los vuelos de deportación, el espacio de detención de EE.UU pronto se llenaría.
Ahora, Estados Unidos está utilizando los aviones que deportan a los migrantes para evacuar a los estadounidenses varados. “ICE Air” trajo a casa a más de 460 ciudadanos estadounidenses de Honduras y El Salvador la semana pasada después de dejar a los deportados, anunció la agencia el sábado.
ICE dijo anteriormente que continuaría devolviendo a ciudadanos estadounidenses del Triángulo Norte en vuelos de deportación durante “la duración de la pandemia de COVID-19”, y que las operaciones podrían expandirse a otros países.
Algunos ciudadanos estadounidenses varados temen que al usar ICE Air, la administración los exponga innecesariamente al virus.
Amy Cohen, una psiquiatra infantil que se ha desempeñado como experta en traumas por las demandas judiciales contra las políticas de inmigración de Trump, quedó atrapada en Honduras después de llegar a trabajar el 15 de marzo. Tiene lupus, una enfermedad autoinmune, que la pone en un riesgo adicional.
“¿No sería irónico si la forma en que me sacan de aquí es un vuelo en el que deportaron a las personas?”, preguntó ella. “No lo rechazaría, pero Dios mío, ¿qué tan desconcertante sería eso?”.
A principios de este mes, el gobierno hondureño anunció que tres de sus ciudadanos deportados habían presentado síntomas de coronavirus. El domingo pasado, los ciudadanos hondureños deportados de Estados Unidos huyeron de la cuarentena obligatoria a su llegada, según los informes. Se suponía que Cohen estaba en el vuelo de regreso, pero fue cancelado, apuntó.
El lunes, Estados Unidos deportó a 85 guatemaltecos de El Paso, incluidos 29 niños. Cuando llegaron, los funcionarios de salud guatemaltecos descubrieron que un joven entre 16 y 14 años tenía alta temperatura. El resto de los retornados, así como 20 funcionarios guatemaltecos que los procesaron, tuvieron que ser aislados. Los adolescentes finalmente dieron negativo por el COVID-19, según el Ministerio de Salud de Guatemala.
Cuando se le preguntó si el incidente había causado alarma entre los funcionarios guatemaltecos, Samayoa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, respondió que era “aterrador” pero que “salió bien”. Si los niños hubieran dado positivo, agregó, “podría haber algunas alertas”.
Los funcionarios del DHS no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre cómo los menores deportados pudieron llegar con fiebre si se les examina antes de abordar.
“Los detenidos son evaluados antes de abordar y no se les permitirá abordar si tienen fiebre”, subrayó Mary Houtmann, la portavoz de ICE.
Horas después del aterrizaje del vuelo de deportación de Eduardo la semana pasada, la puerta negra de la base aérea se abrió de repente y surgieron oleadas de jóvenes. Sostenían bolsas de malla blanca con sus pertenencias, y muchos escondieron sus rostros de las cámaras; pocos tenían mascarillas o guantes. Se dirigieron a los autobuses provistos por el gobierno para el tránsito hacia sus pueblos de origen. El presidente de Guatemala había cerrado el sistema de autobuses del país días antes.
“Estoy aquí por mi hijo”, dijo Rosa Bocel, cuyo colorido vestido indígena se destacaba mientras ella y su esposo buscaban a su hijo de 20 años en la multitud. “Vivo para mis hijos”.
Al igual que Ibate, Bocel y su esposo viajaron en un costoso taxi privado desde una pequeña ciudad cerca del famoso Lago de Atitlán en Guatemala. El turismo en el que se basa su familia de 14 personas se ha extinguido debido al coronavirus.
“Se fue por necesidad”, dijo de su hijo. “Porque aquí no hay nada, y ahora, incluso menos”.
Ibate expuso que entre la deuda que asumieron para pagar un coyote por el viaje de Eduardo al norte y el daño que el coronavirus ha causado en la economía de Guatemala, su familia estaba aún peor que antes.
“Es por eso que la gente se va... La vida es casi imposible”, manifestó. “Ahora, los mercados están cerrados, las tiendas están cerradas, ¡todo!. Si todos cierran sus fronteras, ¿cómo vamos a comer?”.
De vuelta a casa en Sololá y buscando trabajo, el hijo de Ibate, Eduardo, tenía una palabra para describir su detención en Laredo, Texas: “sufrimiento”. De los cientos de migrantes, que estaban apiñados en una celda gélida, dijo, no sabía si alguien estaba enfermo, habló con algunos, concentrándose sólo en tratar de mantenerse caliente.
Aún así, tenía pocas esperanzas de quedarse mucho tiempo en Guatemala.
“Quiero ir al norte de nuevo”, reveló. “No sé cómo, pero mi familia tiene que sobrevivir”.
A medida que los casos de coronavirus avanzan en Guatemala, Ibate se resigna a su destino, aseguró.
“Si Dios ha permitido este virus”, consideró, “no hay a dónde ir”.
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