Editorial: La administración Trump utiliza cualquier excusa posible para separar a las familias migrantes
El gobierno federal siguió separando a los niños migrantes de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México, a pesar de una orden judicial que intentaba restringir severamente la práctica. En el transcurso de un año, otros 911 menores fueron retenidos, denunció el martes la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en una presentación judicial. ¿Dónde obtuvo la ACLU esos detalles? Del propio gobierno.
La jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU Dana M. Sabraw, en San Diego, había ordenado al gobierno en junio de 2018 que pusiera fin a las separaciones -una política ideada para disuadir la migración desde América Central- y reuniera a más de 2.000 familias. Pero esa decisión también permitió que el gobierno siguiera separándolos bajo lo que se suponía que era un conjunto limitado de circunstancias: la determinación de que “el padre no es apto o representa un peligro para el menor”.
Toda una generación de niños migrantes languidece en la frontera, en medio de una disputa de adultos
A primera vista, eso suena razonable. El gobierno claramente tiene un interés -y una responsabilidad- de garantizar que los niños que detienen en la frontera estén seguros y protegidos. Como Sabraw reconoció, esto en raras ocasiones puede exigir quitar la custodia de un niño a sus padres, si existe evidencia clara de que el bienestar del pequeño está en peligro.
Pero los registros citados por la ACLU muestran que los argumentos del gobierno para separar familias a menudo son débiles, y que su razonamiento es falso. En muchos casos, el gobierno lo justifica citando actos pasados que parecen no tener relación con la aptitud de alguien como padre: condenas de hace una década por actos criminales menores aquí en Estados Unidos, por ejemplo; imputaciones no respaldadas de actividad criminal o afiliaciones a pandillas en países de origen, o delitos que, en un examen más detallado, resultan ser infracciones de tránsito -o, peor aún, meras acusaciones sin condenas-.
El lunes había confusión entre los migrantes que se dirigían al norte en Tijuana, luego del último intento de la administración Trump de prohibir que prácticamente todos los extranjeros soliciten asilo en Estados Unidos.
Pero una antigua condena por un delito menor o infracción de tráfico no es evidencia de una amenaza real. Un mal historial de manejo no convierte a nadie en un mal padre. Un pañal sin cambiar no es evidencia de abuso, aunque el gobierno lo citó al separar a una familia (el padre decidió no despertar a un niño enfermo para cambiarle el pañal mojado; un agente del gobierno lo interpretó como abuso y se lo llevó). En un caso, un menor fue separado de un padre acusado de daño a la propiedad por un valor de $5.
El sentido común dice que estas no son razones para infligir dolor psicológico a menores, o una agonía desgarradora en los progenitores. Según el análisis de la ACLU, la edad promedio de los niños separados es de nueve años; el 20% de los chicos son menores de cinco años. Dos bebés de un año de edad fueron separados de sus padres, con quienes no volvieron a reunirse hasta cinco meses después.
Parece que todo el mundo tiene un pariente cercano en Estados Unidos. El éxodo está impulsado por la economía.
Las estadísticas citadas por la ACLU son sólo el comienzo de la historia de los actos aberrantes del gobierno, porque la información que éste ha proporcionado es incompleta. En la mitad de los casos que involucran supuestos antecedentes penales, por ejemplo, no hay detalles de respaldo sobre si el progenitor fue finalmente condenado. La ACLU pretende tener datos más completos del gobierno, que la administración debería proporcionar al público de igual manera, sin que un juez lo ordene. Esta es un área que exige transparencia.
Francamente, el ánimo de la administración Trump hacia los inmigrantes y sus inhumanas políticas fronterizas han erosionado cualquier privilegio que pudiera haber tenido al beneficio de la duda. Como mínimo, el gobierno debe reconocer el derecho de los padres al debido proceso, y seguir las normas y procedimientos establecidos para determinar cuándo se debe suspender la custodia.
Con suma frecuencia, esta administración ha actuado en contra del bien superior de los niños migrantes, ya sea albergándolos en centros de detención mal atendidos, desafiando el Acuerdo de Flores, de 1997 -que exige que los menores permanezcan en las condiciones menos restrictivas posibles y por no más de 20 días-, o con estas decisiones despiadadas para alejarlos de sus padres.
El trasfondo en todo esto es que se trata principalmente de solicitantes de asilo: familias que huyen de sitios peligrosos o de una pobreza que amenaza sus vidas, y que esperan encontrar refugio aquí en EE.UU. Si reciben el beneficio o no, eso ya es asunto de los tribunales de inmigración, pero mientras tanto, el gobierno no debería tratarlos como delincuentes, y ciertamente no debería abusar de los niños psicológicamente, alejándolos sin una razón absolutamente válida y bien justificada para hacerlo.
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