ICE intensifica sus revisiones a empresas de California, centrándose en empleadores y trabajadores

Los agentes de Inmigración y Aduanas se pusieron sus chaquetas azul marino y entraron esta semana a la oficina de una empresa de transporte en Carson, lo que provocó oleadas de ansiedad por todo el edificio.

En el lobby, un nervioso gerente de la oficina saludó al equipo de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE, retorciendo un bolígrafo negro en sus manos como si fuera una toalla mojada. Un segundo gerente se unió a ellos.

“Veo personas con chalecos y cámaras”, dijo con una risita ansiosa. “Eso no es bueno.”

La visita representa una renovada ola en los esfuerzos de ICE para combatir la inmigración ilegal en la era de Trump. Las autoridades federales están intensificando las auditorías de las empresas, con la esperanza de atrapar a los empleadores que contratan trabajadores indocumentados.

El director interino de la agencia quiere aumentar las verificaciones en los centros de trabajo en un 400 %, como parte de un esfuerzo mayor para identificar y deportar a los que se encuentran aquí sin los documentos adecuados.

Durante una operación de cinco días en el área de Los Ángeles que terminó el jueves, más de 120 empresas recibieron visitas de ICE.

Los funcionarios dijeron que el propósito de las auditorías es doble: castigar a los empleadores y empleados que violan las leyes y desalentar a las personas de ingresar ilegalmente a los EE. UU. para trabajar, algo que los críticos han dicho que le quita oportunidades de trabajo a ciudadanos y residentes legales.

“Es un impedimento para alguien que está pensando en cruzar la frontera, pagarle a un contrabandista y hacer ese peligroso viaje “, dijo Dani Bennett, vocera de ICE. “Si no hay ese factor de atracción o percepción de empleo fácil en el otro lado, no existe ese incentivo para cruzar”.

Estas agresivas acciones son las últimas en el continuo enfrentamiento entre la administración Trump, que ha prometido tomar medidas duras contra la inmigración indocumentada, y California, que en octubre se declaró un “estado santuario” para los inmigrantes.

Después de que el gobernador Jerry Brown firmara el proyecto de ley de estado santuario, el director interino de ICE, Thomas Homan, advirtió que California vería este tipo de acciones.

Pero las auditorías a los negocios no son nuevas y, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por ICE, llegaron a su punto más alto en 2013 bajo la presidencia de Obama, con más de 3.100 operativos realizados ese año fiscal. El gobierno de Obama despues cambió el enfoque para deportar a los condenados por delitos graves. En el año fiscal 2017, ICE dijo que completó 1.360 auditorías en negocios de todo el país.

Las auditorías pueden conducir a multas civiles e incluso a enjuiciamientos criminales si encuentran que los empleadores violaron la ley a sabiendas, dijeron funcionarios de ICE.

Durante años, la ley federal no prohibió la contratación de personas indocumentadas en el país. Eso cambió en 1986, cuando el presidente Reagan firmó la Ley de Reforma y Control de la Inmigración, comúnmente llamada IRCA. Concedió residencia a 3 millones de personas en el país sin estatus legal, reforzó la aplicación de la ley fronteriza y por primera vez estableció sanciones para la contratación de personas indocumentadas en el país.

Pero los expertos dijeron que las sanciones de los empleadores se diluyeron para ganar el apoyo de la industria, incluida la Cámara de Comercio de EE. UU. y las delegaciones agrícolas del Medio Oeste. IRCA estableció multas relativamente bajas, y la ley decía que, para ser condenados, los empleadores tenían que haber “contratado a sabiendas” a una persona que se encontraba en el país sin documentación.

Cuando ICE llego a Bee Sweet Citrus en la ciudad de Fowler como parte de auditorías más amplias en el Valle Central, se le dijo al negocio que estaba siendo auditado para cumplir con el formulario I-9, y docenas de empleados perdieron sus trabajos. Los formularios I-9, son completados cuando los empleados son contratados por primera vez, y dan fe de su estado para trabajar legalmente en el país.

A medida que los rumores se extendieron en enero sobre una serie de redadas de ICE en California, entró en vigencia una nueva ley estatal que prohíbe a los empleadores permitir el acceso de ICE a áreas privadas de sus negocios sin una orden judicial. También requería que las empresas notificaran a sus empleados en un plazo de 72 horas si se les había notificado de alguna inspección.

El procurador general de California, Xavier Becerra advirtió a las empresas que no obedecer la ley estatal podría resultar en una multa de $ 10,000.

Betty Jo Toccoli, presidenta de la Asociación de Pequeñas Empresas de California, dijo que las operaciones recientes de las tiendas 7-Eleven atacan injustamente a un tipo de negocio y otorgan a otros algo así como un pase automático. Uno de los miembros del grupo, una fábrica de tortillas, también recibió un aviso sobre una visita de ICE, y 15 empleados no se presentaron al trabajo, dijo.

“¿Por qué apuntarías a un fabricante de tortillas? Porque piensas que vas a encontrar más personas para deportar”, dijo Toccoli.

The Times acompañó a los agentes de ICE en una operación de auditoría en Los Ángeles esta semana para ver el proceso de primera mano. Se permitió que el Times viajara junto con ICE con la condición de que no se publicaran los nombres de las empresas y los empleados.

En la compañía de camiones Carson, un auditor de ICE explicó lo que estaba sucediendo. ICE quería ver los formularios I-9 de la compañía, y el auditor les mostró a los funcionarios de la compañía cómo se ve el documento.

A medida que pasaban los minutos y los gerentes se daban cuenta de que esto no era una redada, sus estados de ánimo se relajaron. Pero expresaron su ignorancia sobre los formularios I-9, y el gerente de operaciones dijo que nunca había visto a ninguno de sus empleados llenar uno.

El auditor de ICE dijo que la agencia quería la nómina más reciente y todos los formularios I-9 de los empleados en siete días. La ley les permite exigir esos documentos dentro de los tres días, explicó el auditor, pero los cuatro días adicionales se otorgaron como cortesía.

Afuera del edificio, los agentes debatieron sobre cuán mala señal era que los gerentes de la compañía no tenían idea de lo que es un formulario I-9. El auditor razonó que no era un gran problema y que el gerente de recursos humanos de la compañía, que estaba fuera de la oficina, probablemente conocía los formularios.

En el trayecto hacia el próximo negocio, Jennifer Reyes, agente especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional de Los Ángeles, habló sobre cómo se culpa a ICE por las personas que pierden sus trabajos como resultado de las auditorías. Ella argumentó que era culpa de los empleadores por contratar personas en el país ilegalmente.

ICE está tratando de lograr un equilibrio con estas auditorías, dijo. La agencia estaba imponiendo multas a las empresas que violan la ley que son lo suficientemente rígidas como para privarlos de algunas de las ganancias obtenidas al contratar personas en el país de manera ilegal, pero no tan duras como para poner en peligro la empresa.

En otra compañía de camiones en Compton, el propietario invitó al escuadrón de ICE a su oficina. La habitación estaba decorada con recuerdos, incluyendo una camiseta de Kobe Bryant firmada y un recorte de cartón de Elvis.

Esta vez, el propietario, que dijo que estaba feliz de darles una caja llena de formularios I-9, estaba bien versado en lo que los agentes estaban buscando.

“Tienes siete días”, dijo el auditor de ICE.

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