Con una epidemia de enfermedad mental en las calles, los condados luchan por gastar enormes reservas de efectivo

Cuando los votantes de California aprobaron un impuesto a los residentes de altos ingresos en 2004, los partidarios dijeron que cumpliría con la “promesa fallida” del estado de ayudar a los condados a pagar por el tratamiento de los enfermos mentales.

Después de casi 15 años, la Proposición 63, Ley de Servicios de Salud Mental, ha dirigido miles de millones de dólares a los condados de todo el estado. Pero enormes sumas quedan sin gastar en un momento en que la enfermedad mental se ha convertido en una epidemia entre la población sin hogar.

A partir de junio de 2017, $1600 millones se mantenían en reserva en casi tres cuartas partes de los condados del estado. En el condado de Los Ángeles, el Departamento de Salud Mental había acumulado casi $900 millones. Se cree que los fondos no utilizados aumentaron en el año fiscal que finalizó el 30 de junio, pero las cifras aún no estaban disponibles.

Los defensores dicen que gran parte de este dinero podría haber colocado equipos de crisis en las calles, iniciado la construcción de proyectos de viviendas de apoyo y financiado centros de atención de urgencias psiquiátricas. Según algunas estimaciones, más de una cuarta parte de las personas sin hogar de California tienen una enfermedad mental; en el condado de Los ángeles, el porcentaje es ligeramente más alto.

“Es impactante ver estas grandes reservas cuando tenemos un flujo de fondos para abordar la crisis que enfrentan Los Ángeles y otras jurisdicciones”, dijo Catherine Blakemore, directora ejecutiva de Disability Rights California.

Las agencias del condado están desarrollando planes para reducir estos saldos.

El Departamento de Salud Mental del Condado de Los ángeles recientemente propuso gastar $896 millones en capital excedente en una variedad de proyectos y servicios, incluida la construcción de una nueva clínica de atención de urgencia en el Centro Médico Harbor-UCLA y equipos de respuesta móvil psiquiátricos.

El presupuesto fue aprobado por la Junta de Supervisores en junio, pero no está claro qué tan pronto esos fondos alcanzarán los proyectos y servicios propuestos. Mientras tanto, las reservas continúan ganando millones en intereses.

“Los condados tienen una gran cantidad de fondos, y a veces tienen dificultades para gastar el dinero tan rápido como llega”, dijo Brian Sala, subdirector de la Comisión de Supervisión y Responsabilidad, que vigila los programas de atención de salud mental en el estado.

‘Mala supervisión’

Los expertos citan una serie de factores para estos saldos: la volatilidad del fondo, sus requisitos de gasto y la falta de orientación de Sacramento.

En un informe de febrero, el auditor estatal culpó al Departamento de Servicios de Salud de California por “mala supervisión” de las agencias que reciben estos fondos cada mes en todo el estado. Los Servicios de Salud, que estuvieron de acuerdo con la mayoría de las recomendaciones del auditor, se negaron a hacer comentarios para este artículo.

El dinero recaudado por la Proposición 63 representa el 25% del presupuesto de California, de $8 mil millones para programas de salud mental; y en los últimos seis años, la administración de este dinero ha sido criticada de forma rutinaria.

En 2012, el auditor estatal apuntó al ex administrador de la ley, el Departamento de Salud Mental, por su falta de supervisión. Dos años más tarde, la Comisión Little Hoover citó el mantenimiento de registros deficiente por la falta de pruebas de que la ley había ayudado a los californianos con enfermedades mentales.

Los defensores dicen que los cuellos de botella administrativos a nivel estatal y del condado están frustrando el tratamiento para los californianos angustiados, psicóticos o deprimidos que están en riesgo de suicidio, encarcelamiento u hospitalización crónica.

“¿Por qué estamos imponiendo impuestos a los millonarios si no somos buenos administradores de este fondo?”, dijo Brittney Weissman, directora ejecutiva del capítulo de Los ángeles de la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales.

Los ingresos subieron y los presupuestos se mantuvieron estables

Rusty Selix, coautor de la Proposición 63 con el entonces senador estatal Darrell Steinberg, dijo que sabía que “algo andaba mal” hace casi cuatro años cuando se desempeñó como consultor de políticas en la California Council of Community Mental Health Agencies.

El estado estaba saliendo de la recesión y los ingresos estaban subiendo, pero las agencias contratadas por los condados para proporcionar el servicio, no veían aumentar sus presupuestos.

“Cuando los ingresos suben, hay una tendencia a subestimar cuánto crecimiento está realmente sucediendo”, dijo Selix. “Los condados no contabilizaron con precisión todo el dinero que ingresaba”.

Algunos condados retuvieron fondos que deberían haber sido devueltos al estado después de tres años, si los Servicios de Salud hubieran estado aplicando ese requisito de la ley.

Los administradores locales vieron los crecientes saldos como una forma de proteger los programas que ya están vigentes de la volatilidad de la financiación de la ley.

Subiendo y bajando en la fortuna de las personas que ganan al menos $1 millón al año, los ingresos de la Proposición 63 dependen de la fortaleza de la economía de California. De 2013 a 2016, los ingresos cayeron un 22%, aumentaron un 40% y cayeron un 18%.

Durante los años prósperos, los condados recibieron más dinero del que habían presupuestado, y debido a que esta ganancia inesperada no podría garantizarse en los años siguientes, los administradores se mostraron reacios a gastarlo en proyectos que requieren fondos sostenidos.

La ley, sin embargo, tiene salvaguardas cuando los ingresos bajan. Los condados tienen tres años para gastar el dinero, mientras que otras apropiaciones deben gastarse o comprometerse dentro de un año o dos.

“No se quiere obligar al sistema a trabajar a velocidades vertiginosas para gastar de manera imprudente”, dijo Sala, del panel de supervisión del estado.

También se requiere que los condados mantengan un fondo para días lluviosos, una “reserva prudente”, para pagar los programas durante los años en que caen los ingresos.

Las pautas estatales no especifican un monto, pero inicialmente recomendaron que los condados reserven al menos el 50% de su gasto anual más grande. El fondo para días lluviosos del condado de Los Ángeles, promedió $160 millones en los últimos cinco años.

Además de la reserva prudente, los condados también han acumulado reservas de efectivo por separado. Al final del año fiscal 2016-2017, los departamentos estatales de salud mental tenían una reserva prudente combinada de $286 millones y un saldo de efectivo separado de $1480 millones.

La reserva de efectivo del condado de Los Ángeles en ese momento era de $893 millones.

“Claramente hay un problema con las políticas de administración de efectivo en muchos condados”, dijo Sala.

La complejidad y la precaución fomentan la acumulación de efectivo

Los fondos no gastados se han acumulado, en parte, debido a la complejidad de la Ley de Servicios de Salud Mental, según los expertos. Cada uno de los cinco componentes de la ley sigue un conjunto diferente de reglas, requisitos de planificación y mecanismos de aprobación, y el dinero puede gastarse solo después de un extenso proceso de aprobación.

Los condados presentan planes a las partes interesadas de la comunidad (familias, personas con enfermedades mentales), luego a la Junta de Supervisores y, en el caso de la innovación, a la Comisión de Supervisión y Responsabilidad.

Marvin Southard, quien dirigió el Departamento de Salud Mental del condado de Los Ángeles hasta su jubilación en 2015, dijo que el proceso obstaculizó su esfuerzo por abrir más centros de atención de urgencia psiquiátrica. “Si el dinero hubiera sido más seguro o las reglas para utilizarlo fueran más fáciles de navegar, los habríamos abierto más rápido”, dijo.

Pero la precaución política también juega un papel.

Los funcionarios locales han tratado de amortiguar los programas esenciales de las fluctuaciones bruscas en los ingresos, que en años de bajos ingresos pueden llevar a despidos y servicios reducidos, y pueden ser una responsabilidad política para las juntas de supervisores electas.

Estos programas locales, proporcionados por agencias contratadas por el Departamento de Salud Mental, “son el núcleo de la [ley]. Estos son los clientes que hemos tenido por años”, dijo Southard.

El financiamiento para estos programas en curso no ha crecido proporcionalmente con los ingresos de los condados, y las reservas de efectivo se han disparado.

Yoga, caminatas y un juego de parque de diversiones

La Proposición 63 también requiere que los condados desarrollen programas dirigidos a prevenir la progresión de la enfermedad mental severa. Las asignaciones en el pasado (yoga, equitación y caminatas en la naturaleza) han sido criticadas, lo que ha llevado a los condados a adoptar un enfoque más conservador.

La ley también fomenta la innovación: “prácticas/enfoques novedosos, creativos y/o ingeniosos de salud mental que contribuyen al aprendizaje”.

Mientras que solo el 5% del dinero que entra bajo la Proposición 63 se destina a la innovación, los condados han gastado mucho menos. De 2012 a 2017, el condado de Los Ángeles recibió $114 millones para innovación y gastó $68 millones.

“Pedimos a los funcionarios públicos que asuman riesgos con el dinero público”, dijo Toby Ewing, director ejecutivo de la Comisión de Supervisión y Responsabilidad. “Cuando eso no funciona, los funcionarios públicos son castigados”.

Para abordar los fondos excedentes y la falta de orientación del Departamento de Servicios de Salud, los políticos han presentado una serie de soluciones legislativas.

El Proyecto de Ley 114 de la Asamblea, aprobado en 2017, les permitió a los condados mantener $230 millones en reservas en efectivo si elaboraban un plan de gastos antes del 30 de junio, que se ejecutaría en junio de 2020. El condado de Los Ángeles reclamó casi $90 millones de ese monto en el plan de gasto de 2018-19.

Este 2018, el Proyecto de Ley Senatorial 1004, que se está considerando actualmente en la Asamblea, requeriría que la Comisión de Supervisión y Responsabilidad desempeñe un papel más importante en la revisión y aprobación de los programas de prevención e intervención temprana.

Finalmente, en noviembre, los votantes decidirán sobre la Proposición 2, que le permitiría al estado emitir $2 mil millones en bonos para vivienda de apoyo permanente para las personas crónicas sin hogar y con enfermedad mental. Los bonos se reembolsarían a lo largo de los años utilizando aproximadamente el 7% de las reservas no gastadas de los condados.

Cada medida representa un acercamiento gradual a los problemas estructurales de la ley.

Algunos funcionarios citan la falta de liderazgo en Sacramento y critican la descentralización de los servicios de salud mental en California que ha aislado a los gobiernos locales, las juntas de salud mental, los clientes y sus familias.

La ley, dijo Jonathan Sherin, jefe del Departamento de Salud Mental del condado de Los Ángeles, “no está configurada de manera complementaria, que crea sinergias y envía el dinero de los contribuyentes y los millonarios, a las calles”.

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