Muchos policías y bomberos de Los Ángeles no están vacunados contra el COVID-19. ¿Es esto una amenaza para la seguridad pública?

Cuando las vacunas contra COVID-19 estuvieron disponibles en California, los oficiales de policía, bomberos y otros socorristas obtuvieron acceso prioritario y potencialmente más facilidades.

Había tarjetas de regalo de Airbnb, bicicletas y cámaras. Los premios en efectivo en las rifas oscilaron entre $20 y $1.000. Algunos trabajadores de la salud de las prisiones fueron elegibles para premios en efectivo solo por asistir a una sesión de capacitación de 30 minutos de “Educación sobre vacunación”.

Pero a pesar del acceso prioritario y la variedad de incentivos, las tasas de inoculación para las agencias de policía, bomberos y correccionales en Los Ángeles y California se han quedado muy por detrás del promedio estatal para residentes adultos, según una encuesta de agencias realizada por el Times.

Si bien alrededor del 72% de los californianos adultos y el 64% de los residentes de Los Ángeles de 16 años o más han recibido al menos una dosis de vacuna, solo un aproximado del 51% de los bomberos de la ciudad y el 52% de los oficiales del departamento de policía de Los Ángeles (LAPD por sus siglas en inglés) están inoculados al menos parcialmente.

Menos del 30% de los miembros del personal del Departamento del Sheriff del condado han recibido dosis a través de las clínicas de empleados. (Algunos podrían haber recibido vacunas en otros lugares, pero el departamento no realiza un seguimiento). Alrededor del 54% de los empleados de las prisiones estatales están al menos parcialmente inoculados, pero las tasas se desploman en ciertas instalaciones, con un sitio que registra solo el 24% del personal completamente inmunizado.

Las bajas tasas, que no se comprenden completamente debido a la falta de seguimiento universal, estropean una perspectiva por lo demás positiva a medida que la pandemia se desvanece y el estado reabre. Dado que los socorristas interactúan regularmente con el público, el hecho de que muchos permanezcan sin ser inoculados es una fuente creciente de tensión entre los funcionarios de la ciudad, los líderes de seguridad pública y sus fuerzas laborales de base.

El debate se centra en una pregunta preocupante: ¿Son los empleados de seguridad pública no vacunados una amenaza para la seguridad pública?

Oficiales de LAPD en abril en el Centro Cívico de Los Ángeles.

(Luis Sinco / Los Angeles Times)

Los analistas, activistas y especialistas en ética de las fuerzas policiales reconocen que, en su mayor parte, quienes se dedican a la seguridad pública deberían tener derecho a tomar decisiones independientes sobre su salud. Pero también dicen que la renuencia a vacunarse contra el COVID-19 es un tema de preocupación pública debido a las actividades que realizan, mismas que les obligan a actuar en espacios cerrados, como cárceles y juzgados, e interactuar con algunos de los residentes más vulnerables del estado.

Algunos funcionarios están considerando cada vez más los mandatos de vacunación a medida que las tasas de inoculación de las agencias se estabilizan, los programas de incentivos se quedan cortos y las implicaciones morales de una fuerza laboral no inmunizada se enfocan más claramente.

“Como primeros en responder, ese es un problema de salud pública importante. No se trata solo de su salud, sino de otras personas con las que entran en contacto a diario”, indicó el jefe de policía de Miami, Art Acevedo, quien encabeza la influyente Asociación de Jefes de Ciudades Importantes. “Esto se está convirtiendo en una gran discusión entre los jefes y líderes de salud”.

“Comúnmente interactuamos con personas de alto riesgo o que tal vez no pueden vacunarse porque tienen cáncer o problemas del sistema inmunológico”, señaló Arthur Caplan, director fundador de la división de ética médica de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York. “Tenemos que recordar: nosotros también nos inoculamos para los demás”.

Las razones de la renuencia de quienes se dedican a la seguridad reflejan las de la población no vacunada en general, explican los expertos y los líderes policiales. Algunos que han tenido COVID-19 sienten que están suficientemente protegidos por anticuerpos naturales; otros albergan creencias políticas o conspirativas, que los expertos rechazan, de que los antígenos son innecesarios, ineficaces o incluso peligrosos.

Muchos en la policía y otros sectores de seguridad pública se inclinan por la derecha política, entre los que se han ridiculizado las vacunas y los mandatos de inoculación, a pesar de que líderes republicanos como el ex presidente Trump han sido inmunizados.

El escepticismo sobre los antígenos se identificó entre los oficiales del LAPD hace meses, cuando una encuesta no científica de 9.500 empleados del departamento encontró que solo el 60% estaba dispuesto a recibir la vacuna cuando se le ofreció. Alrededor del 20% señaló que necesitaba más información y otro 20% subrayó que rechazaría las vacunas.

Una de las principales preocupaciones es el papel del personal de primera respuesta en la interacción con los residentes vulnerables. Las investigaciones han demostrado tasas más bajas de vacunación entre las personas en situación de calle, los enfermos mentales, así como los jóvenes negros y latinos residentes de Los Ángeles. Las tasas más bajas también se presentan entre los residentes de bajos ingresos que pueden tener varios trabajos o temen que los efectos secundarios de la vacunación puedan hacer que pierdan su salario, así como entre las comunidades de inmigrantes que enfrentan barreras del idioma o donde los temores sobre la aplicación de la ley de inmigración son profundos.

Los prisioneros, una población sustancial que sigue sin vacunar, no tienen más remedio que interactuar con los guardias penitenciarios en espacios reducidos, donde las enfermedades infecciosas transmitidas por el aire como el COVID-19 pueden propagarse rápidamente.

Desde el inicio de la pandemia, más de 2.700 agentes de LAPD han sido infectados con el coronavirus y nueve han muerto. Casi 1.000 bomberos del departamento de bomberos de Los Ángeles (LAFD por sus siglas en inglés) dieron positivo y dos fallecieron. Más de 17.000 empleados de las prisiones estatales se han infectado y 28 han muerto.

Los líderes comunitarios creen que los oficiales de policía y otros funcionarios de seguridad pública han ayudado a propagar el virus al no usar cubrebocas y negarse a ser vacunados, aunque estos casos son difíciles de cuantificar.

Casi 50.000 prisioneros estatales han contraído COVID-19 y 224 han fallecido, según datos estatales. Los activistas sostienen que el personal es al menos parcialmente responsable de llevar el virus a las instalaciones.

Edwin Ramírez, un activista comunitario en Pacoima, ve con regularidad a los vehículos de la policía circulando por Van Nuys Boulevard y San Fernando Road, y apoya su presencia mientras el vecindario lucha contra el crimen y la falta de vivienda. Sin embargo, los oficiales no vacunados dejan al público, la comunidad y los contribuyentes en riesgo, señaló, tanto por el virus como por los agentes que se reportan enfermos o que tienen que ponerse en cuarentena.

“Es una pérdida para el público cuando están fuera”, señaló Ramírez.

El alcance del problema sigue sin estar claro, en parte porque algunas agencias no están rastreando las tasas de inoculación entre los empleados, incluida Cal Fire, que combate los incendios forestales; la Patrulla de Caminos de California; el Departamento del Sheriff del Condado de Orange; y la policía de San Francisco y Sacramento.

Tampoco está claro cómo o si las agencias locales y los gobiernos abordarán las tasas de vacunación rezagadas a medida que desaparezcan el distanciamiento social y los mandatos de uso de cubrebocas, o si llegarán a un punto en el que la inoculación entre los trabajadores de salud pública se vuelva obligatoria.

Algunas agencias afirman tener prohibido legalmente preguntar a los empleados si están vacunados; los expertos cuestionaron esta afirmación. Tal barrera, si se mantiene, puede impedir los esfuerzos sólidos para identificar a los empleados no inoculados y reducir su número a través de un mandato.

Otras agencias dicen que están trabajando diligentemente para aumentar las tasas de vacunación antes de considerar los mandatos, aunque la efectividad de esos esfuerzos está en duda. En un ejemplo, el LAFD, cuyo personal ha trabajado en los sitios de prueba y vacunación de COVID-19, ofreció premios en efectivo a las estaciones de bomberos donde el 100% del personal recibió una inyección. Hasta la semana pasada, ninguna de las 106 estaciones de bomberos de la ciudad cumplía con los requisitos.

En una reunión reciente de la Comisión de Policía de Los Ángeles, el jefe de LAPD, Michel Moore, indicó que no había renunciado a aumentar los niveles de inoculación entre los oficiales.

Sin embargo, el porcentaje de oficiales de LAPD vacunados apenas ha incrementado desde abril. A la preocupación se suma el hecho de que algunos oficiales que recibieron una primera dosis nunca se presentaron para la segunda, probablemente reduciendo su protección contra el COVID-19.

Chuck Wexler, director ejecutivo del Police Executive Research Forum, un grupo de expertos que asesora a los departamentos de policía en todo el país, subrayó que él y muchos jefes de departamento están frustrados por las bajas tasas de vacunación.

“No descarto ni por un minuto las implicaciones morales de las decisiones de inocularse o no vacunarse”, indicó Wexler. “¿Creo que estarás más seguro si la obtienes? Sí. ¿Pienso que hay implicaciones para los demás? Absolutamente”.

Wexler enfatizó que muchas agencias han considerado mandatos para oficiales, pero muy pocas, si es que hay alguna, las han implementado. Dichas disposiciones son muy controvertidas entre los agentes de seguridad pública y sus sindicatos, explicó, incluso cuando las universidades, hospitales, hogares de ancianos y empleadores privados están comenzando a implementar dichos requisitos.

En un evento para celebrar la reapertura de California el martes, el gobernador Gavin Newsom indicó que el estado “no anticipó ningún mandato” de que los socorristas se vacunen “en este momento”, pero “continúa animando” a la policía, a los bomberos y a los empleados penitenciarios a ser inoculados a través de “mensajeros de confianza” y “programas de incentivos creativos”.

Un programa estatal, “Vax to Win”, que está abierto al público en general, no solo a los socorristas, promociona un gran premio de $1.5 millones, “Viernes de 50.000” y “Vacaciones de ensueño” para los afortunados ganadores vacunados.

El concejal de la ciudad de Los Ángeles, Paul Koretz, quien preside un comité centrado en cuestiones de personal, comentó que está preocupado por las cifras de vacunación, y señaló que la ciudad necesita “hacer que nuestros bomberos y la policía tomen esto más en serio”.

Si los esfuerzos de divulgación no funcionan en las próximas semanas, Koretz puede estar abierto a implementar un mandato de inoculación, señaló.

“Es posible que podamos ordenarlo, que no permitamos que las personas hagan turnos de horas extras si no están vacunadas”, indicó Koretz.

Los funcionarios de LAPD y LAFD señalaron que no están listos para discutir los mandatos.

El jefe de bomberos Ralph M. Terrazas ha dejado abierta la posibilidad de exigir la vacunación, pero no hasta que los antígenos reciban la autorización completa de la Administración de Drogas y Alimentos federal (FDA por sus siglas en inglés), en lugar de su autorización de emergencia actual. La autorización completa puede llegar a finales de este año.

La capitana Stacy Spell, portavoz de LAPD, indicó que cualquier discusión sobre un mandato antes de la autorización completa es “prematura”.

Spell enfatizó que no podía discutir si los oficiales deben vacunarse contra otras enfermedades debido a las leyes federales de privacidad médica.

La Asociación Internacional de jefes de policía ha subrayado que los departamentos pueden exigir la vacunación sin violar los estatutos federales, pero es posible que deban hacer excepciones religiosas o médicas. La organización comentó que tales mandatos no serían diferentes de los requisitos existentes de que los oficiales estén inmunizados contra el tétanos y la hepatitis.

La junta de la Liga Protectora de la Policía de Los Ángeles, el sindicato que representa a los oficiales de base, explicó que el departamento no se ha acercado para discutir una disposición de vacunación contra el COVID-19, pero que en general se opondría a tal requisito. En cambio, la junta del sindicato alentará a los miembros a ser inoculados y a “consultar con su médico personal sobre cualquier inquietud o pregunta individual que puedan tener sobre las vacunas”.

Freddy Escobar, presidente de United Fire Fighters de la ciudad de Los Ángeles, dijo que el sindicato no apoya un mandato, pero ha estado trabajando con el departamento para aumentar el número de bomberos inmunizados y “no dejará de presionar por vacunaciones adicionales para el LAFD hasta que obtengamos una inmunidad cerca del 100% como sea posible”.

Caplan, el especialista en ética de la NYU, comentó que las disposiciones pueden ser necesarias, pero los departamentos tienen razón al continuar trabajando primero para lograr el cumplimiento voluntario. Al hacerlo, agregó, deberían enfatizar la importancia para la salud personal de los empleados y para la comunidad en general.

Caplan comentó que los empleados de seguridad pública deben preocuparse por el hecho de que vacunarse no se trata solo de su propia salud, sino de los demás.

“Estas personas se ganan la vida tratando de ayudar a otras personas”, subrayó. “Si señalamos que tal vez puedan ayudar a la demás gente al vacunarse, eso tal vez sea más positivo”.

La reportera de Los Angeles Times, Alene Tchekmedyian, contribuyó a este artículo.

Si quiere leer este artículo en inglés, haga clic aquí.