Afectados por altos costos de equipos de protección, médicos y odontólogos buscan que aseguradoras los paguen
El tratamiento de los pacientes se encareció durante la pandemia, y los médicos y odontólogos no quieren ser responsables de todos los nuevos costos.
Por ejemplo, la caja de 100 guantes, que costaba $2.39 en febrero de 2020, ahora vale $30, comentó la Dra. Judee Tippett-Whyte, presidenta de la Asociación Dental de California, quien tiene un consultorio dental privado en Stockton.
Durante su atención empleaba mascarillas quirúrgicas, que costaban 20 centavos cada una, pero ahora debe usar las N95, que tienen un valor individual de $2.50. Además de eso, atiende dos o tres pacientes menos por día, para adaptarse al distanciamiento físico y dar tiempo a los empleados de desinfectar entre cada visitante, comentó.
“Hemos soportado muchos costos financieros”, remarcó Tippett-Whyte. “No deberíamos tener que asumir todo nosotros solos”.
Su argumento plantea una pregunta fundamental del COVID-19: ¿Quién debería cubrir los gastos de la pandemia? ¿Deberían ser los proveedores de atención médica que se enfrentan a los nuevos protocolos de la era de la pandemia o las compañías de seguros, que pueden traspasar sus costos adicionales a los clientes en forma de primas más altas?
Los grupos de presión de odontólogos y médicos de California argumentan que las aseguradoras rebosan de efectivo gracias a haber cobrado sus primas durante la pandemia pero pagado menos reclamaciones de lo habitual, y deberían ser responsables de estos costos extra. La Asociación Médica de California, que representa a los doctores, patrocinó una legislación que exigiría a las aseguradoras reembolsar a los consultorios médicos y dentales los gastos relacionados con la pandemia, como los equipos de protección personal, el desinfectante y los costos extra por los empleados que ahora deben evaluar a los pacientes en busca de síntomas antes de una cita.
Tras la pandemia, California flexibilizó las normas para permitir a los veterinarios tratar a algunas mascotas a distancia. Ahora, los veterinarios y los dueños de mascotas quieren que la telemedicina se libere por completo.
Una solicitud de los médicos para facturar a Medicaid y Medicare por suministros y otros costos vinculados con la coyuntura fracasó recientemente a nivel federal. Pero en el estado de Washington, una nueva ley patrocinada por los grupos de presión de los médicos estatales exige que las aseguradoras de salud privadas reembolsen una parte de dichos valores.
Los grupos comerciales de seguros se opusieron a ambas medidas estatales.
Reembolsar el costo de los suministros no médicos no es responsabilidad de las aseguradoras, comentó Mary Ellen Grant, portavoz de la Asociación de Planes de Salud de California. “Aquí estamos, con los niveles de tratamientos y consultas en los estándares previos a la pandemia. Ahora quieren un pago adicional de los planes para cubrir gastos no médicos”, señaló Grant.
La industria de seguros también señala que los médicos y dentistas no han tenido que valerse por sí mismos cuando se trata de equipos de protección individual y otros gastos relacionados con la pandemia. Desde abril de 2020, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU distribuyó $9.900 millones a más de 50.000 proveedores médicos de California mediante el Provider Relief Fund, de los $178 mil millones disponibles a nivel nacional.
Y más de 900.000 empresas en la categoría de “asistencia médica y social”, incluidas algunas prácticas médicas y de dentistas, recibieron préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago de la Administración de Pequeñas Empresas desde marzo de 2020.
Los proveedores de todo el condado de Los Ángeles administraron 144.000 dosis menos de la vacuna COVID-19 la semana pasada en comparación con la semana anterior, lo que constituye la prueba más clara de que la demanda de dosis ha disminuido considerablemente.
Una carta de grupos de seguros que se oponen al proyecto de ley de California apunta a otra asistencia, como pagos por adelantado de reclamaciones de seguros del gobierno federal y planes de seguros, subvenciones y préstamos estatales, y programas que distribuyan equipos protectores gratis en algunos consultorios. “Han recibido mucha ayuda federal para cubrir estos costos”, remarcó Grant.
Un análisis publicado el lunes por la Kaiser Family Foundation destacó que la mayoría de las compañías de seguros de salud se volvieron más rentables durante la pandemia. En general, cobraron más primas de los miembros cada mes de lo que pagaron en reclamaciones, y gastaron un porcentaje menor de éstas en reclamos médicos en 2020 que en 2019. La aseguradora médica más grande del país, UnitedHealth Group, anunció recientemente sus ingresos netos para el primer trimestre de 2021 que fue un 44% más alto que en el mismo trimestre del año pasado.
Allison Hoffman, profesora que investiga políticas de salud en la facultad de derecho de la Universidad de Pensilvania, siente poca simpatía por las aseguradoras de salud que “hicieron una fortuna durante el año pasado” al cobrar primas sin pagar la cantidad típica de tratamientos y visitas a médicos. “Estamos empezando a ver una especie de definición más amplia de lo que podría pagar el seguro de salud para mantener a las personas saludables”, comentó Hoffman. “No hay nada como una emergencia de salud pública para arrojar luz sobre el hecho de que, a veces, no es un medicamento recetado o un procedimiento quirúrgico lo que va a mejorar la salud”.
A fines del año pasado, la Asociación Médica Estadounidense presionó a los federales Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) para que aprobaran un código de procedimiento que los médicos podrían usar para facturar a esos programas de seguro público los equipos de protección personal, materiales de desinfección, modificaciones de consultorios para mantener a las personas separadas y el tiempo del personal dedicado a instruir a los pacientes antes de sus visitas y a controlar sus síntomas. A menudo, cuando los reguladores federales aprueban un nuevo código de facturación para Medicare y Medicaid, las aseguradoras privadas también comienzan a reembolsar los costos correspondientes.
Los expertos en salud esperaban que algunas personas vacunadas contrajeran COVID-19. Pero se necesita más investigación para saber exactamente por qué está ocurriendo ahora, en pequeñas cantidades.
Permitir que los médicos facturen por ese código les ayudaría a seguir los protocolos de control de infecciones sin reducir aún más los ingresos, escribió la asociación a la agencia federal.
Pero los CMS rechazaron la solicitud, alegando que considera el pago de esos costos como parte del valor del resto de la cita, según un vocero de la agencia.
A raíz de esa decisión, dos asociaciones médicas estatales tomaron en sus manos la causa.
La Asociación Médica del Estado de Washington respaldó una ley, vigente desde el 16 de abril pasado, que permite a los proveedores de atención médica facturar a las empresas de seguros privadas reguladas por el estado $6.57 cuando ven a un paciente en persona -además de la facturación por los servicios que brindan- para cubrir el costo de los equipos protectores adicionales, el tiempo del personal y los materiales para realizar y transportar las pruebas de COVID-19. Las nuevas reglas estarán en vigor hasta el resto de la emergencia de salud pública declarada por el gobierno federal.
Para una norma que colocó a las asociaciones médica y de seguros del estado en lados opuestos de la mesa de negociaciones, fue notablemente poco polémica, remarcó el senador estatal David Frockt (D-Seattle), quien presentó el proyecto. La legislación de California, que aún se está debatiendo, es más abierta que la de Washington.
La SB 242 no especifica una cantidad en dólares, pero exigiría que los planes de salud privados regulados por el estado reembolsen las prácticas médicas y dentales por los gastos comerciales “médicamente necesarios” asociados con una emergencia de salud pública.
La Asociación Médica de California señaló que los ingresos de las prácticas cayeron en un tercio, mientras que los costos de equipos de protección se incrementaron un 14% en los primeros seis meses de la pandemia, según una encuesta de octubre de 2020 entre sus miembros. De los consultados, el 87% temía por su viabilidad financiera.
“Cuando se observan las ganancias récord de algunas de estas empresas que cotizan en bolsa y lo que reportan a sus accionistas, esto sería como quitarle un pelo al gato”, afirmó el portavoz de la asociación, Anthony York, sobre las aseguradoras de salud. “No nos sorprende que no quieran pagar más, pero en última instancia, es una pelea que tendremos en la legislatura”.
El proyecto de ley tiene como objetivo evitar que los consultorios pequeños y medianos cierren sus puertas ante el alza de los costos, señaló su autor, el senador estatal Josh Newman (D-Fullerton). Las asociaciones médicas y dentales estatales advierten que cualquier cosa que agregue costos y recortes en los ingresos podría obligar a las consultas más pequeñas a cerrar o consolidarse, agravando la escasez de médicos y dentistas en todo el estado. “Lo que estoy haciendo, como legislador, es compensar deliberadamente algunos de estos costos onerosos, para que no perdamos médicos y consultorios”, remarcó Newman. “Sería una lástima que esas comunidades perdieran acceso al cuidado de la salud”.
Este artículo fue producido por KHN (Kaiser Health News), uno de los tres principales programas operativos de la KFF (Kaiser Family Foundation).
Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.
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