Derechos de inmigración, salud, reproducción y LGBTQ amenazados con Amy Coney Barret como nueva jueza
Los Angeles — Varios grupos de derechos civiles han condenado la acción de la administración Trump al elegir a la conservadora Amy Coney Barret, como candidata a la Corte Suprema de Estados Unidos para ocupar el puesto de la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg.
Estos grupos aseguran que su hostilidad hacia muchos de los sectores más marginados, victimizados y vulnerables de la sociedad suscita serias preocupaciones sobre la capacidad de Barret para ser imparcial.
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Agregan que muchos de los derechos por los cuales han luchado durante años podrían retroceder, inclusive futuros litigios pudieran cambiar los derechos de libertad y respeto que Estados Unidos siempre ha apoyado.
Derechos de inmigración
Nicole Melaku, directora ejecutiva de National Partnership for New Americans (NPNA), sostuvo que para la comunidad de inmigrantes, la juez Ginsburg fue una aliada que estuvo con los beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en un momento decisivo. Ella defendió el principio de que todas las personas, independientemente de si tienen ciudadanía, deben contarse en el Censo.
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“En un momento en que deberíamos estar de luto, casi de inmediato, muchos de nosotros nos sentimos abrumados por la idea de que esta administración xenófoba hiciera todo lo posible para nombrar un nuevo juez antes de las elecciones”, dijo Melaku.
Y es que, como juez de la Corte de Apelaciones, Barrett apoya a Trump en sus órdenes a favor de la imposición de la carga pública y reglas que impone una prueba de riqueza a los millones de inmigrantes que buscan venir a Estados Unidos anualmente, diciendo que el país tiene el derecho de bloquear a las personas que considera que probablemente se volverán dependientes de la asistencia pública en el futuro, incluso si nunca la han utilizado en el pasado.
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También se ha negado repetidamente a revisar los casos presentados por inmigrantes que solicitan protecciones humanitarias y otros beneficios de inmigración que afirman que se les ha negado injustamente.
Derechos LGBTQ
Human Rights Campaign, la organización de derechos civiles LGBTQ más grande del país, respondió que el futuro de esta comunidad no pinta positivo.
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“Los últimos cuatro años han sido un asalto a los derechos y la dignidad de las personas LGBTQ en todo el país, liderados por la priorización del poder sobre las personas por parte de Donald Trump, Mike Pence y Mitch McConnell”, dijo Alphonso David, presidente de la organización.
“Si es nominada y confirmada, Coney Barrett trabajaría para desmantelar todo por lo que luchó Ruth Bader Ginsburg durante su extraordinaria carrera”.
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Entre los derechos en juego se encuentran el casamiento entre el mismo sexo, la adopción entre el mismo sexo y servicios de salud para la comunidad LGBTQ, entre otros.
Barrett actualmente se desempeña como jueza en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Séptimo Circuito, y al principio de su carrera fue asistente legal y protegida de Antonin Scalia, uno de los oponentes más firmes de los derechos LGBTQ.
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Otros grupos sostienen que la nominada pondría en peligro la atención de salud para millones de personas.
Neera Tanden, directora ejecutiva del Center for American Progress Action Fund declara en un comunicado que el presidente Trump y los republicanos del Senado intentan apurar que se apruebe a una candidata que votaría por despojar a más de 20 millones de estadounidenses de atención médica, además de poner en riesgo a 135 millones de estadounidenses con condiciones preexistentes.
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“Solo una semana después de las elecciones, la Corte Suprema está lista para escuchar los argumentos orales en un caso que podría significar el fin de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA u ObamaCare), creando un caos total y dejando a millones sin cobertura en medio de una pandemia, al tiempo que sobre 7 millones de sobrevivientes del coronavirus que serían discriminados por su condición preexistente”, dice Tanden.
Asimismo, Barret se ha demostrado a favor agendas que impiden a la mujer escoger si quieren tener un aborto. Más de 25 millones de mujeres podrían perder el acceso al aborto legal y seguro, si los jueces anulan a Roe, estima el Planned Parenthood Action Fund.
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