Estos grupos crean movimiento para pelear por la residencia permanente de los beneficiarios del TPS
Patricia Valle, trabajadora de limpieza y receptora del Estatus de Protección Temporal (TPS) tiene una labor esencial en Estados Unidos, pero cuando se trata de pedir una vía a la residencia o ciudadanía de este país, el gobierno federal le da la espalda.
Por ello, un movimiento de activistas le pide al gobierno modificar esas reglas, especialmente cuando estas personas están más expuestas al coronavirus y porque en enero de 2021 se acaban las extensiones del beneficio.
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Valle forma parte de por lo menos 131.000 TPSianos que trabajan en industrias de saneamiento, salud y transporte, entre otras tareas declaradas como esenciales durante la pandemia.
Un estudio realizado por el Centro para el Progreso Americano revela que estas personas son parte de la fuerza laboral que pone en riesgo sus vidas para atender a pacientes con COVID-19, y para llevar alimentos, hacer limpieza y distribuir provisiones a los hogares en los estados más afectados por la pandemia, como California, Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Massachusetts, Maryland y Texas.
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Valle llegó de El Salvador a los 22 años y sus sueños eran alguna vez obtener la residencia y eventualmente la ciudadanía. 19 años después aún sigue soñando, especialmente durante una presidencia que se ha mostrado renuente a otorgarle alivios a los inmigrantes.
“Estados Unidos fue para mí el país de las oportunidades, donde si trabajas arduamente tienes tu recompensa… Esa es mi mentalidad desde que trabajo hace seis años para una compañía de limpieza de edificios, por ahora limpio bancos”, dice la señora.
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“Yo sé que mi labor tiene riesgos, ya que debo limpiar superficies sucias y recoger basura, pero nos tratamos de equipar lo más que podemos”, dice Valle.
Al día, su trabajo es limpiar hasta cuatros pisos en diferentes bancos, así como edificios de inmigración.
“Antes de entrar a casa pongo la ropa que visto en una bolsa desechable, dejo mis zapatos en la puerta y me meto a bañar. Me siento importante porque de una forma y otra estoy en primera fila durante una pandemia”, sostiene.
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Sin embargo, agrega saber que no es importante para el gobierno federal.
“A diarios muchos beneficiarios del TPS salimos a trabajar y demostramos que podemos hacerlo a pesar de que nuestro estatus no es permanente, pero estamos contribuyendo con ese granito de arena que al final hace a todo el país funcionar y crecer”, dice.
Por ejemplo, al menos 11.600 trabajadores de la salud son receptores de permisos TPS, de los cuales 8.100 son asistentes de cuidado de la salud personal, del hogar y asistentes de enfermería. Estos trabajadores de El Salvador, Honduras y Haití trabajan en una industria que ya sufría una escasez de personal antes de la emergencia y ahora están operando en niveles críticos.
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Grupos comunitarios proinmigrantes se lanzan a favor de los beneficiarios del TPS, para solicitar su residencia.
La Alianza Américas, una red de 50 organizaciones dirigidas por inmigrantes que representan a más de 100.000 familias en todo Estados Unidos, pide al Congreso de EE.UU y a la administración Trump que promulgue un cambio en la ley de inmigración para permitir que las personas beneficiarias de TPS soliciten visas de residencia permanente.
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“El trabajo que realizan estas personas beneficiarias de TPS es heroico y están haciendo una contribución diaria y tangible a las comunidades en todo Estados Unidos”, dijo Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas.
“El sacrificio que estas personas y sus familias están haciendo es ejemplar, especialmente cuando su futuro en este país es incierto”, manifestó Chacón.
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Oficialmente, el programa TPS para todos los países, con algunas dudas, finalizó en 2017 cuando la administración Trump consideró que las protecciones no eran necesarias. Algunas personas beneficiarias habían pasado más de 20 años en el país y formaron familias durante ese tiempo.
Por ahora, varias demandas están impugnando la terminación del TPS. Generalmente, las demandas buscan impedir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implemente las terminaciones.
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Dos demandas resultaron en medidas cautelares preliminares que impidieron que la administración pusiera fin al programa: una presentada por titulares de TPS de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán y una segunda presentada por titulares de TPS de Honduras y Nepal y sus hijos ciudadanos estadounidenses.
Para cumplir con las medidas cautelares, el DHS anunció que extendería automáticamente el TPS para los seis países hasta el 4 de enero de 2021, a la espera de una decisión sobre las demandas. Dependiendo de cómo se desarrolle el litigio, el DHS puede emitir terminaciones de beneficios para estos seis países antes del 4 de enero.
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Los beneficiarios de TPS que no son elegibles para otro alivio perderían su capacidad para trabajar legalmente en Estados Unidos y quedarían sujetos a deportación.
Para Valle, como más de 400 mil TPSeanos que en total reciben el beneficio, lo importante ahora es demostrarle al gobierno que son necesarios.
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“A pesar de vivir en riesgo, esta es una oportunidad para demostrarle a los jueces, al gobierno y al mundo entero que somos indispensables aunque sin vía a la residencia… Sueño que si nos ven, algún día podremos llegar a tener las tarjetas verdes”, dice Valle.
“El coronavirus es la plataforma que muestra nuestro trabajo en la nación y nuestro entusiasmo por trabajar y ser parte de este país”.
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