Los funcionarios manejaron mal los brotes de coronavirus en las cárceles de Lompoc y Terminal Island, según unas demandas
La ACLU presentó dos demandas colectivas en nombre de los prisioneros de Lompoc y Terminal Island, alegando que los funcionarios manejaron mal los brotes de coronavirus.
La American Civil Liberties Union (ACLU) presentó el sábado un par de demandas colectivas en nombre de los prisioneros federales en Lompoc y Terminal Island, alegando que los funcionarios manejaron mal los brotes de coronavirus en las instalaciones que han infectado a un total combinado de 1.775 presos, matando a 10.
“Si bien el resto de California tomó medidas extraordinarias para detener la propagación del coronavirus, la Oficina de Prisiones no tomó medidas preventivas tan básicas como aislar a los prisioneros enfermos, permitir el distanciamiento social o proporcionar suficiente jabón”, manifestó Peter Bibring, abogado principal del personal de ACLU del Sur de California, en un comunicado. “Su indiferencia deliberada al riesgo de enfermedad viola la Constitución y pone en peligro tanto a los encarcelados como a la comunidad circundante”.
Las demandas, que nombran a los responsables de las prisiones, así como a Michael Carvajal, director de la Oficina Federal de Prisiones, afirman que los funcionarios de ambas instalaciones permitieron que el virus se propagara al no proporcionar ambientes limpios, suministros sanitarios básicos y equipo de protección para prisioneros y personal.
El hacinamiento hace que sea imposible para los internos mantener el distanciamiento social o tomar otras precauciones, pero los funcionarios se han negado a considerar a la mayoría de los reclusos para su liberación a pesar de las directivas que lo solicitan, de acuerdo con las demandas. El rechazo equivale a un castigo cruel e inusual prohibido por la 8va Enmienda, afirman las demandas.
El Buró de Prisiones no respondió de inmediato un mensaje en busca de comentarios el domingo.
La cifra de contagios llegó a 792 en este centro correccional ubicado en el condado de Santa Bárbara
La prisión de Terminal Island en San Pedro es una instalación de baja seguridad que se especializa en alojar prisioneros que necesitan atención médica o de salud mental a largo plazo. Hasta el domingo, 692 reclusos habían dado positivo por COVID-19 y ocho habían muerto, según cifras del Buró Federal de Prisiones. Quince empleados también dieron positivo.
La prisión alberga a 1.042 reclusos a pesar de una capacidad nominal de 779, según la demanda sobre Terminal Island.
En un intento por proporcionar más espacio, los funcionarios de la prisión han trasladado a los internos a tiendas de campaña y almacenes que se convirtieron rápidamente en espacios improvisados, según la demanda. Aún así, no han logrado garantizar el distanciamiento social o el aislamiento de los reclusos infectados dentro de las estructuras, simplemente creando “nuevas zonas críticas para que el virus se propague a un ritmo aún más rápido”, señala la queja.
Dos prisioneros de Terminal Island nombrados en la demanda, Maurice Smith, de 50 años, y Edgar Vásquez, de 32, dicen que, en medio del brote, fueron trasladados a uno de esos espacios, un antiguo almacén que no tenía calefacción ni agua caliente para las duchas. El almacén también estaba “infestado por verdaderas fieras”, que incluye ratones, mapaches, gatos salvajes, zarigüeyas, zorrillos y murciélagos que vuelan a través de agujeros en el techo, según la demanda.
Allí, los reclusos duermen en camillas plegables a tres pies del piso, y hasta 60 prisioneros comparten cuatro baños, cuatro lavabos y cuatro duchas, según la demanda.
“Ante el brote de COVID-19, Terminal Island tiene el peor de todos los mundos”, señala la demanda. “Está lo suficientemente sobrepoblado como para hacer que el distanciamiento social y el aislamiento sean imposibles, [y] lo bastante abierto y comunitario como para que los reclusos interactúen con frecuencia en lugares cerrados para propagar la enfermedad, al mismo tiempo, alberga una población de presos especialmente vulnerables”.
Las infecciones de Coronavirus explotan en una prisión federal de Lompoc con 792 pruebas positivas, convirtiéndola en el mayor brote penitenciario federal de la nación.
Ambas quejas señalan que la Ley CARES, que se hizo efectiva el 27 de marzo, otorgó a los funcionarios de la Oficina de Prisiones una amplia discreción para reducir la población carcelaria al liberar a los reclusos y confinarlos en su hogar. Eso fue seguido por un memorando del 3 de abril emitido por el fiscal general William Barr que insta a la oficina a tomar esas medidas para los presos con riesgo médico, especialmente en instalaciones con brotes, según las demandas.
Al menos dos de los internos de Terminal Island que murieron a causa de COVID-19 (Scott Cutting, de 70 años, y James Lino, de 65 años, ambos con problemas de salud subyacentes) deberían haber estado en la lista restringida para ser puestos en confinamiento en el hogar según la demanda.
Aunque los nombres de los sujetos no se mencionan como demandantes, el documento dice que busca que otros reclusos médicamente vulnerables que viven en la prisión eviten ese destino.
Incluyen a Lance Wilson, de 35 años, que sufre de hipertensión y asma. Wilson dio positivo por coronavirus a principios de mayo y ha experimentado síntomas que incluyen migrañas y escalofríos, pero no ha podido ver a un médico, según la demanda. Presentó una solicitud para ser considerado a confinamiento en el hogar el mes pasado, pero no recibió respuesta, dice la queja.
En la Institución Correccional Federal Lompoc, una prisión de baja seguridad en el condado de Santa Bárbara, 924 reclusos y 17 empleados dieron positivo hasta el domingo. Además, 159 internos y 22 miembros del personal se infectaron en una prisión vecina de seguridad media en Lompoc por los mismos motivos, y dos presos murieron.
En conjunto, las dos cárceles federales en Lompoc tienen 1.083 reclusos infectados, de acuerdo con la Oficina de Prisiones, lo que la convierte en el peor brote en cualquier instalación correccional federal.
El número de presos con un resultado positivo en la prueba probablemente sea un recuento bajo, afirma la demanda, porque sólo los 963 prisioneros en FCI Lompoc han sido sometidos a pruebas masivas, con casi el 96% dando positivo. Según la demanda, las autoridades no han evaluado a todos los 1.700 reclusos en la prisión.
Yonnedil Torres, de 24 años, un recluso en el centro penitenciario que sufre de asma crónica, fue ignorado durante cinco días después de desarrollar síntomas que incluían fiebre y dolores en el cuerpo, según la demanda. De acuerdo la denuncia, sólo se le realizó una prueba de detección del coronavirus y resultó positivo después de colapsar en su celda debido a un shock respiratorio agudo.
Torres fue puesto en coma inducido médicamente y en un ventilador; la enfermedad lo dejó con daño pulmonar severo, según la demanda. Aunque su familia presentó una solicitud de liberación compasiva, no han recibido una respuesta.
Además de no reducir la aglomeración y tomar precauciones para frenar la propagación del virus, los funcionarios tampoco han brindado a los reclusos infectados la atención médica adecuada, expone la demanda.
El recluso Vincent Reed, de 53 años, que tiene hipertensión, no recibió tratamiento cuando desarrolló síntomas y dio positivo a fines de marzo, de acuerdo a la demanda. En cambio, fue puesto en confinamiento solitario durante días y luego transferido a una antigua unidad de vivienda no sanitaria con otros reclusos que habían dado positivo, donde tampoco recibió atención médica. El 14 de abril, fue devuelto a la población general sin ser sometido a una nueva prueba para garantizar que fuera negativo, según la denuncia.
Después de dar negativo para el virus, el recluso Félix Samuel García, de 36 años, fue trasladado abruptamente de la prisión de baja seguridad en Lompoc, expone la demanda. Allí, está alojado en un grupo de celdas improvisadas instaladas en un almacén, donde no se le permite cambiarse por ropa limpia o ducharse y debe mojarse el cuerpo con agua del fregadero para mantenerse limpio.
A García, que se trasladará a una casa de reinserción social en julio, se le dijo que el personal no aceptaba los formularios necesarios para iniciar el proceso de liberación debido a “la exigencia de la pandemia de COVID-19”, señala la demanda.
“El Congreso otorgó a las prisiones una amplia autoridad para liberar a los delincuentes de bajo riesgo para su confinamiento en el hogar y así poder reducir el hacinamiento y salvar vidas”, expuso Naeun Rim, director de Bird Marella, que presentó la demanda junto con ACLU y la Oficina de Leyes de Prisiones. “Pero los funcionarios no utilizaron esa autoridad. Los haremos responsables en los tribunales”.
Un objetivo de las demandas es hacer que los reclusos que son considerados para ser liberados en el hogar se procesen aceleradamente.
Además, solicitan que las cárceles se vean obligadas de inmediato a proporcionar a los reclusos restantes un espacio adecuado para el distanciamiento social, suministros individuales de jabón de manos y toallas de papel, y acceso a desinfectantes de manos, duchas diarias, ropa limpia y otros suministros.
“La Constitución exige que los funcionarios penitenciarios proporcionen un ambiente seguro para las personas bajo su custodia”, destacó Donald Specter, director ejecutivo de la Oficina de Derecho Penitenciario, en un comunicado. “No sólo estas dos cárceles son extremadamente peligrosas, sino que confinan a las personas que son especialmente vulnerables al COVID-19”.
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