Cómo proteger la democracia de presidentes sin ley, como Trump
Necesitamos un cortafuegos entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia.
El juicio político del presidente Trump ha finalizado, pero la amenaza a nuestra democracia continúa. En el corto tiempo transcurrido desde que concluyó el juicio, el mandatario demostró que la advertencia de los gerentes de la Cámara a los senadores de que él nunca cambiará fue profética.
Las acciones del presidente Trump demuestran la necesidad de desarrollar y aprobar reformas legislativas para salvaguardar los controles y equilibrios de nuestra democracia. La construcción de nuevas protecciones para defenderse de los mandatarios autoritarios debe ser una prioridad para el Congreso.
A los pocos días de la votación del Senado, Trump comenzó a vengarse de los funcionarios que cumplieron con las citaciones legales y dijeron la verdad al Congreso. Hizo que una escolta de seguridad retirara al teniente coronel Alexander Vindman, veterano de combate condecorado, del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, junto con su hermano gemelo, que se desempeñaba como abogado de ética.
La venganza del mandatario contra los funcionarios públicos es lo suficientemente inquietante, pero ocurrió junto con un peligro aún mayor que se evidenció más esta semana: la politización y la potencial armamentización del Departamento de Justicia.
Trump insiste en que tiene el derecho absoluto de dirigir las acciones del departamento. Sus esfuerzos por obstaculizar las investigaciones sobre su propia mala conducta y la de sus asociados -despedir al director del FBI James B. Comey, intentar hacer lo mismo con el fiscal especial Robert S. Mueller III y muchos más- están bien documentados. Y ahora, el presidente ha encontrado a su Roy Cohn en el procurador general William Barr, quien se mostró dispuesto a ser el facilitador político del mandatario y hacer su apuesta a expensas de la independencia del departamento.
La gravedad de la amenaza a nuestra democracia se hizo evidente la semana pasada con una sucesión de acciones problemáticas por parte del Departamento de Justicia.
El lunes pasado, el departamento recomendó que Roger Stone, el antiguo asesor político del presidente y autoproclamado “sucio tramposo”, sea sentenciado de acuerdo con las pautas federales estándar por los delitos graves que cometió. Stone fue condenado el año pasado por siete cargos relacionados con mentirle al Congreso sobre sus tratos con el mandatario y WikiLeaks -la plataforma que publicó la filtración rusa de correos electrónicos beneficiosos para la campaña de Trump-, y la manipulación de testigos.
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Tarde esa misma noche, el presidente tuiteó indignado, y llamó a la recomendación “un error judicial”. A la mañana siguiente, a instancias de Barr, el departamento invirtió el curso y recomendó una oración más indulgente, usando un lenguaje tan inusual para el Departamento de Justicia que parecía escrito por el propio Stone.
Barr asegura que había planeado intervenir en el caso antes de leer el tuit del presidente, pero no niega su participación personal. Es extremadamente raro que los procuradores generales anulen la recomendación de sentencia de sus fiscales de carrera. Hacerlo en un caso que involucra las malas acciones del primer mandatario podría no tener precedentes.
Como resultado, los fiscales de carrera en el caso demostraron algo que escasea en la Casa Blanca pero abunda entre los servidores públicos: coraje moral. Uno por uno se retiraron del caso, y uno de ellos renunció por completo.
Al final de la semana, surgieron informes de que Barr había ordenado la revisión de otros casos criminales “políticamente sensibles”, incluido el del ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump, Michael Flynn, quien se declaró culpable de mentir a los investigadores federales para encubrir la naturaleza de sus propias interacciones con los rusos. Esto sigue a otra revisión ordenada por Barr, destinada a sembrar dudas sobre los hallazgos de la comunidad de inteligencia acerca de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 para ayudar al entonces candidato Trump, y un esfuerzo casi exitoso para encubrir la versión de un denunciante que finalmente derivó en el proceso de destitución a Trump.
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Estas intervenciones de Barr para beneficiar al presidente tienen profundas implicaciones para el estado de derecho y nuestra democracia. Con un fiscal general dispuesto y republicanos del Congreso complacientes, Trump intenta utilizar los instrumentos de la justicia para su beneficio político, algo que le daría un inmenso poder para castigar y hostigar a sus oponentes políticos y proteger a sus amigos.
No podemos dejar que ello ocurra.
Las instituciones son tan fuertes como las personas que las protegen. Los funcionarios públicos, a un costo personal, dieron un paso al frente en la investigación de juicio político y a raíz de la revocación de la sentencia a Stone. Los jueces también han demostrado una independencia vital de este presidente sin ley.
El Congreso debe hacer su parte mediante una supervisión enérgica, y también promulgando un nuevo conjunto de reformas para evitar abusos presidenciales similares a los aprobados después del Watergate. El trabajo en ellas ya está en marcha.
El presidente aprovechó continuamente el lento proceso de revisión judicial para retrasar la supervisión de su administración. En respuesta, el Congreso debería promulgar leyes para acelerar la revisión judicial de las citaciones del Congreso, una idea que los republicanos de la Cámara de Representantes favorecieron unánimemente durante la presidencia de Obama.
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También existe una clara necesidad de legislar un cortafuegos más fuerte entre el Departamento de Justicia y la Casa Blanca, asegurado por algo más que regulaciones o normas. Un primer paso fue presentado por mi colega gerente de juicio político de la Cámara, Hakeem Jeffries, para exigir el registro y la divulgación de los contactos de la Casa Blanca con el Departamento de Justicia. Pero se requerirá más para evitar que un presidente poco ético inicie o interfiera en casos que involucren a sus enemigos, aliados o familiares.
En este sentido, he presentado una legislación para restringir el abuso del poder de absolución. El presidente Trump ha indultado repetidamente a sus asociados mientras se enfrentan a investigaciones penales federales. El proyecto de ley garantizaría que, si un mandatario emite un indulto en un caso relacionado con él o con sus familiares, los archivos de investigación completos sean brindados al Congreso para garantizar que no pueda obtener el beneficio corrupto de encubrir su propia mala conducta.
Es posible que algunas de estas reformas no se conviertan en ley mientras Trump permanezca en el cargo, pero eso no debe impedir que comencemos. El futuro de nuestra democracia depende de ello.
Adam Schiff (D-Burbank) representa el 28° Distrito del Congreso de California en la Cámara de Representantes, donde se desempeña como presidente del Comité Selecto Permanente de Inteligencia.
Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.
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