¿Se contará realmente su voto en 2020?

El lunes, los líderes del Congreso anunciaron que su proyecto de ley de gastos en todo el gobierno para el año fiscal 2020 incluirá $425 millones para que los estados protejan las elecciones estadounidenses contra la interferencia extranjera y los ataques cibernéticos.

Este es un paso importante que ya estaba retrasado pero va en la dirección correcta. Sólo que nuestros sistemas electorales necesitan mucho más que una misión de rescate de una sola vez. Para asegurar las elecciones estadounidenses en 2020 y más allá, el Congreso y los funcionarios electorales locales que pronto recibirán estos fondos deben tratarlos como un punto de partida.

Cuando era secretario de Seguridad Nacional en la administración Bush, advertimos sobre la intensificación de las amenazas cibernéticas a la infraestructura crítica como las redes eléctricas y los sistemas de transporte y comunicaciones. La interferencia con las elecciones surgió sólo más tarde, a medida que aumentaba la rivalidad geopolítica con Rusia.

Una vulnerabilidad que necesita corrección urgente es el uso de máquinas de votación sin papel. Estos sistemas de votación son extremadamente susceptibles a la piratería sin ser detectados porque sólo producen un registro digital de votos. Sin un registro en papel, los funcionarios no tienen forma de verificar un recuento de votos cuando se piratea una máquina.

El Departamento de Seguridad Nacional, la American Assn. for the Advancement of Science, y muchos otros expertos han dicho que reemplazar las máquinas sin papel es fundamental. Sin embargo, se espera que hasta ocho estados las usen en algunos o en todos los lugares de votación el próximo año. El Centro Brennan ha estimado que más de 16 millones de estadounidenses podrían votar en máquinas sin papel inseguras en 2020 a menos que se tomen medidas adicionales. Una vez que reciben los fondos del Congreso, los estados que dependen de máquinas sin papel deben tomar medidas inmediatas para reemplazarlos.

Más allá de reemplazar las máquinas de votación, los funcionarios electorales estatales y locales deben ser capaces de detectar y reparar vulnerabilidades en las bases de datos de registro de votantes en línea, libros electorales electrónicos que los trabajadores de las elecciones usan para registrar a los votantes, sistemas de informes que transmiten los recuentos de votos no oficiales a las ubicaciones centrales que comunican a los medios de comunicación y más. Los nuevos fondos federales los ayudarán a contratar expertos y recibir capacitación para proteger mejor su tecnología electoral.

Se necesita más inversión en los preparativos y suministros necesarios para que los electores puedan continuar emitiendo votos en caso de que algo salga mal debido a la piratería u otro mal funcionamiento. Una mejor capacitación para los trabajadores electorales, duplicados seguros de las bases de datos de registro y papeletas de emergencia impresos puede significar una interrupción significativamente menor si se piratean los datos de registro o fallan las máquinas de votación.

Los fondos federales también ayudarán a más estados a establecer auditorías postelectorales que limiten el riesgo de los recuentos de máquinas de votación antes de que se certifique el voto. Dichas auditorías, en las que los funcionarios comparan los totales de una máquina de votación o un escáner de las boletas con las de papel, es la forma más eficiente de determinar la precisión de un resultado electoral. En 2017, Colorado se convirtió en el primer estado en llevar a cabo una auditoría de limitación de riesgos. Ahora al menos otros 12 estados lo están intentando de alguna forma.

A medida que los funcionarios electorales estatales y locales aborden estos problemas antes de las elecciones de 2020, el Congreso debe prestar mucha atención a cómo los estados están gastando los nuevos fondos y si hacen las inversiones necesarias de una manera responsable y eficiente.

En términos más generales, la seguridad electoral es un desafío nacional, y no uno que pueda solucionar un solo proyecto de ley de gastos. La defensa contra las amenazas cibernéticas requiere una planificación e inversión a largo plazo. El Congreso debería avanzar hacia fondos más predecibles y consistentes en lugar de asignaciones para sólo un año.

Hasta los últimos años, se ha dejado demasiado a los funcionarios electorales locales para que lo hagan por su cuenta. Para tener éxito, debe haber asociaciones más sólidas entre los funcionarios electorales y sus legisladores estatales y federales. Esta coordinación debe comenzar de inmediato.

Finalmente, el Congreso debe trabajar para crear estándares federales mínimos para la seguridad de las elecciones, lo que incluye solicitar boletas en papel y desarrollar pautas nacionales sobre auditorías postelectorales, así como las mejores prácticas de equipos y seguridad cibernética.

Los funcionarios electorales de todo el país comprenden la amenaza que enfrentamos en 2020 y más allá. Con fondos federales del proyecto de ley de gastos 2020, pueden hacer un buen progreso para mantener el voto seguro y protegido. Pero con la evolución de las amenazas cibernéticas, necesitarán compromisos financieros sostenidos y el apoyo del Congreso y los legisladores estatales en el futuro.

Michael Chertoff fue secretario de Seguridad Nacional en la administración George W. Bush.

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