Tres primos fueron secuestrados por soldados; el caso lleva la ‘guerra contra las drogas’ de México frente a un tribunal internacional

Los soldados se los llevaron en la noche.

Primero vinieron por Nitza Alvarado Espinoza y José Alvarado Herrera. Los primos, de 31 años de edad, estaban sentados en una camioneta frente a la casa de un pariente, cuando las tropas los obligaron a subir a un camión militar.

Minutos después, los soldados llegaron a la vivienda de otra prima de Alvarado, Rocío Alvarado Reyes, de 18 años. La chica fue llevada a punta de pistola y entre gritos, frente a sus hermanos y su bebé.

Era 29 de diciembre de 2009, la última vez que los primos fueron vistos con vida.

Exactamente lo que le sucedió a esta familia de la clase trabajadora y residente de Ejido Benito Juárez, un pueblo polvoriento en el norteño estado mexicano de Chihuahua, es el tema central de un caso histórico que será presentado desde el 26 de abril ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se trata del primer caso relacionado con la guerra contra las drogas en México que llega ante este tribunal, parte del brazo de protección de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). Se espera que la corte dictamine que México es culpable de violaciones a los derechos humanos por no haber hecho justicia en el proceso, y que exija que el gobierno indemnice a la familia de las víctimas.

Analistas legales señalan que no solo se enjuiciará al gobierno de México, sino también a la estrategia más amplia del país de usar soldados para combatir la delincuencia local, una táctica polémica que está ganando popularidad en Latinoamérica, especialmente en Brasil, Honduras, El Salvador y Venezuela.

En los más de 11 años desde que México envió a decenas de miles de personas del ejército y la armada a las calles para luchar contra los cárteles cada vez más poderosos, las fuerzas armadas han enfrentado repetidas acusaciones de torturas, arrestos ilegales y ejecuciones extrajudiciales.

También se han movido casi con total impunidad: entre 2012 y 2016, solo el 3% de las investigaciones de crímenes presuntamente cometidos por soldados dieron lugar a condenas, según un análisis del grupo de expertos Washington Office on Latin America (WOLA).

A pesar de las objeciones internacionales, el Congreso de México aprobó recientemente una medida conocida como la Ley de Seguridad Interna, que fortalece aún más el papel de las fuerzas armadas en la preservación de la seguridad pública y expande sus poderes de vigilancia.

Mientras la Corte Suprema de México sopesa los desafíos a la constitucionalidad de esa ley, los defensores de los derechos humanos esperan que la Corte Interamericana use el caso Alvarado para exigir justicia para la familia y emitir una fuerte reprimenda contra la norma de seguridad. Las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, son jurídicamente vinculantes en México, y la opinión del tribunal sobre la ley podría influir en la Corte Suprema.

“El caso de Alvarado provoca una discusión sobre lo negativo de que las fuerzas armadas estén a cargo de la seguridad pública”, expuso Alberto Abad Suárez, del Instituto de Investigación Legal de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Existe una gran preocupación en toda la región de que el modelo de México pueda extenderse, por ello [el tribunal] podría tratar de impedirlo”.

Los partidarios del despliegue de las fuerzas armadas en tareas tradicionalmente reservadas para la policía consideran que la medida fue una respuesta necesaria al aumento de la delincuencia, y la poca preparación y la corrupción en las agencias locales del orden. Los críticos alegan que este enfoque militarizado se impuso en detrimento del fortalecimiento de las instituciones civiles, como la policía y la fiscalía general de México, y que ha provocado un aumento de la violencia. “Los soldados no están entrenados como policías, están entrenados para participar en conflictos armados”, destacó Abad.

Los homicidios han aumentado más de un ciento por ciento desde que el entonces presidente Felipe Calderón lanzó la guerra contra las drogas en México, a fines de 2006, y envió a 6,500 soldados a su estado natal de Michoacán. Ese año, los fiscales mexicanos abrieron 11,806 investigaciones por asesinatos, según datos del gobierno. En 2017, iniciaron 25,340 sumarios.

Las desapariciones -secuestros de personas por parte de criminales, agentes del estado u otros- también van en aumento. El número de desaparecidos en todo el país sumó más de 30,000 en 2017o, frente a los 26,000 de 2013, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Las víctimas son halladas -muertas o vivas- en menos del 25% de las ocasiones, lo cual lleva a los dolientes madres y padres a rastrear tierras en busca de los restos de sus seres queridos, en tumbas ocultas.

El gobierno culpa a los grupos criminales por la vasta mayoría de los desaparecidos de México. Pero un análisis de 548 desapariciones ocurridas entre 2005 y 2015, realizado por el Observatorio de Desapariciones e Impunidad en México, descubrió que las autoridades federales, estatales y municipales fueron los perpetradores en un 47% de las ocasiones. El observatorio es una iniciativa lanzada por la Universidad de Oxford, la Universidad de Minnesota y el Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Los familiares de los primos desaparecidos llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011, alegando que habían agotado todos los recursos en el sistema judicial de México. En 2014, la comisión determinó que el ejército era responsable e instruyó al país a llevar a los autores ante la justicia.

Dos años más tarde, la comisión remitió el caso a la Corte Interamericana, luego de determinar que México no había cumplido sus recomendaciones. En un informe enviado al tribunal, la delegación detalló los datos conocidos sobre lo sucedido a los Alvarado esa fría noche de 2009.

Después de que un oficial de la policía federal fue asesinado en Ejido Benito Juárez, y varios otros oficiales de la ley desaparecieron, se envió a cerca de 500 efectivos federales a la zona para investigar. El resultado fue el imperio del terror. Los soldados secuestraban y torturaban a los residentes para obtener información, señala el informe. La mayoría eran después liberados.

Los parientes de los primos afirman que no les han dado ninguna explicación sobre por qué desaparecieron los tres. La única señal de que todavía podían estar vivos llegó en febrero de 2010, cuando la familia recibió una llamada telefónica que, se cree, provenía de un centro penitenciario en la Ciudad de México. Era Nitza Alvarado Espinoza.

“Ayúdenme, sáquenme de aquí”, suplicó, según la familia. “Estoy viva y tengo miedo”.

Los funcionarios no pudieron rastrear la llamada y las investigaciones se estancaron. Los familiares eran amenazados por el ejército porque se negaban a abandonar el caso. Varios de ellos finalmente buscaron asilo político en los Estados Unidos. En El Paso, las tres hijas de Nitza Alvarado formaron un grupo de defensa llamado Children of the Disappeared (Hijos de los desaparecidos).

El ejército mexicano no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo. En su informe, la comisión de derechos humanos señaló que las autoridades mexicanas insisten en que están haciendo un esfuerzo para encontrar a las víctimas y castigar a los responsables. El gobierno obtuvo testimonios de más de 100 funcionarios del orden, entre otros, y “no puede concluir que hubo actores estatales involucrados”, expresó el informe.

Las fuerzas armadas mexicanas enfrentan un creciente escrutinio externo. Cientos de grupos de derechos humanos imploraron a los legisladores que rechacen la Ley de Seguridad Interna, y el alto comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la medida otorga demasiado poder a los militares, sin los necesarios controles y equilibrios civiles.

El ejército de México recurrió a los medios para defender su papel en la lucha contra el delito y la iniciativa parece estar dando resultado. En las encuestas, los mexicanos afirman que confían más en el ejército que en la policía para proteger a los civiles. Las fuerzas armadas gastaron alrededor de $28 millones en televisión, radio y otras campañas de publicidad entre 2013 y 2017, según un análisis de Fundar, un grupo de transparencia.

La forma en que el gobierno mexicano reaccionará ante el fallo del tribunal “demostrará su nivel de compromiso para llevar justicia a las víctimas, después de no haberlo hecho durante casi una década”, manifestó Maureen Meyer, experta de WOLA. Hay pocas maneras de hacer cumplir las sentencias del tribunal, destacó.

Stephanie Brewer, una abogada que ayudó a presentar otro caso contra el gobierno mexicano ante la Corte Interamericana, y que fue atacada por el gobierno en un escándalo de espionaje de alto perfil, indicó que hay al menos un resultado claro de los procedimientos judiciales: a los familiares de las víctimas se les dio la oportunidad de ser escuchados. “Cuando eres criminalizado y estigmatizado en tu propio país, también es un elemento importante”, afirmó. “Para las víctimas, esta es la primera vez que pueden expresarse en la corte”.

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