Una crisis gestada por décadas: la falta de vivienda en L.A. aumentó un 75% en seis años

Varios alcaldes intentaron diferentes soluciones desde que la ausencia de viviendas se convirtió en una crisis, en la década de 1980. Si el problema sigue aumentando al ritmo actual, dará por tierra incluso con los mejores esfuerzos.

Algunas de las personas más pobres de la ciudad pasan sus días a la sombra del ayuntamiento de Los Ángeles, durmiendo la siesta en cajas de cartón aplastadas.

En un día normal, hasta 20 de ellos acuden al césped del Ayuntamiento, frente a la sede del LAPD. Están allí para “escapar de la locura” de las calles del centro, afirmó Lazarus, un hombre sin hogar, de 53 años, la semana pasada. Por la noche, se dispersan hacia entradas de edificios o plazas desiertas, para esperar el amanecer.

El crecimiento de un campamento diurno de desamparados a los pies del poder cívico habla sobre la amplitud de este problema en Los Ángeles.

El número de individuos que viven en las calles y refugios de la ciudad de L.A. y la mayor parte del condado aumentó un 75%, a aproximadamente 55,000, en comparación con los cerca de 32,000 de los últimos seis años (incluyendo Glendale, Pasadena y Long Beach, que realizan sus propios recuentos, el total asciende a casi 58,000).

Tres de cada cuatro personas sin hogar (41,000) viven en automóviles, autocaravanas, tiendas de campaña y cobertizos improvisados, por lejos el grupo más grande de desamparados en cualquier ciudad de los Estados Unidos. Sin considerar Los Ángeles, la falta de vivienda a nivel nacional habría caído el año pasado, por primera vez desde la recesión.

Aquellos relegados por la recuperación económica no pueden competir con los jóvenes profesionales, que han ofertado por sus rentas hasta llevarlas a niveles récord.

En otra época, podrían haber encontrado refugio en hoteles y viviendas derruidas. Pero muchos de esos edificios desaparecieron de la ciudad en medio del auge de la construcción, los desalojos y las renovaciones, ocurrido después de la recesión económica.

El problema solo empeoró desde que el alcalde Eric Garcetti asumió el cargo, en 2013, y cuando en mayo de 2016 surgió una supermayoría liberal demócrata en la Junta de Supervisores del condado.

Estos emplazamientos de tiendas de campaña se extienden desde el desierto del Antelope Valley hasta la costa de Santa Mónica, con escalas en comunidades poco probables -incluso en Bel-Air, donde un desamparado que generó un incendio al cocinar estuvo implicado en el fuego de Skirball, de diciembre pasado-.

Durante una encuesta de higiene realizada en octubre último, los funcionarios de salud pública del condado identificaron 222 campamentos, incluidos 50 de ellos con 30 o más habitantes. Estos heterogéneos puestos han alterado los términos básicos de la vida urbana.

La gente en Koreatown sale de sus lujosos condominios y, a sus puertas, encuentra carpas, comida en mal estado y heces humanas. Los autobuses y trenes se han convertido en refugios de facto, y miles de personas duermen con miedo y humillación en ellos.

Los funcionarios y grupos filantrópicos han albergado recientemente a más personas sin hogar que nunca antes: 26,000 entre 2014 y 2017. Pero Los Ángeles tiene una escasez severa de viviendas, y los programas de la ciudad y del condado son lentos y demasiado limitados para absorber las olas de individuos que se ven forzados a vivir en las calles.

Las autoridades esperan que los refuerzos revitalicen la iniciativa para acabar con este problema. En los últimos 16 meses, los votantes acordaron aumentar sus impuestos para recaudar $4,600 millones de dólares y construir viviendas, 10,000 unidades en 10 años, y brindar servicios de apoyo a los desamparados. Se adoptó finalmente una tarifa de desarrollador, largamente postergada, que se espera genere $100 millones anuales para viviendas asequibles, aunque algunos se preguntan si no es ya demasiado tarde para capitalizar el auge de la construcción.

Nota: las metodologías para contar a los individuos sin hogar cambian con el tiempo. El área de Los Ángeles incluye toda la ciudad y el condado, a excepción de las ciudades de Pasadena, Long Beach y Glendale.

El dinero del condado comenzó a fluir en octubre; los funcionarios han cuadriplicado los equipos de apoyo a las personas sin hogar, agregaron 600 camas en refugios, ampliaron las horas de funcionamiento de estos durante el invierno y aumentaron la cantidad de vales de hotel. Sumado a ello, se están contratando aproximadamente 1,000 nuevos empleados en cada nivel de servicios para los desamparados, incluido el apoyo a quienes pasan a los nuevos proyectos de viviendas.

“La razón por la que soy optimista... es por los recursos sin precedentes”, expresó Garcetti, quien fue criticado por actuar con demasiada lentitud. “Hay que asegurarse de actuar pero no llevar el problema de un lugar a otro”.

“Proyectar casi $5 mil millones en ingresos durante la próxima década muestra una resolución sustancial y un compromiso innegable”, agregó el supervisor del condado de Los Ángeles, Mark Ridley-Thomas. “La gente de esta región y sus líderes [han] reubicado su brújula moral”.

Pero la crisis tardó décadas en gestarse. Si la falta de hogares continúa escalando a las tasas actuales, dará por tierra incluso a los mejores esfuerzos. “Estamos trasladando a más familias y adultos sin hogar a viviendas”, afirmó Phil Ansell, director de Los Angeles County Homeless Initiative. “Sobre lo que tenemos menos control es la afluencia: aquellas personas que, simplemente, no pueden pagar el alquiler”.

La política para los desamparados en L.A. estuvo marcada por vaivenes, a menudo centrados en skid row y el centro de la ciudad, aunque Hollywood, Venice y el Valle de San Fernando siempre tuvieron sus propios problemas.

La cuestión se desató como una crisis en la década de 1980, cuando los campamentos comenzaron a surgir bajo los puentes de las autopistas, en el centro de la ciudad.

Los Ángeles abrió campamentos urbanos, y el entonces alcalde Tom Bradley consiguió remolques de FEMA para los desamparados.

Pero los concejales se resistieron a poner los remolques en sus distritos, y las pésimas condiciones de vida causaron el cierre de los campamentos.

El saneamiento de skid row tuvo una trayectoria de boomerang similar: en 1992, un activista colocó inodoros portátiles en la zona. Bradley los hizo trasladar.

Su sucesor, el alcalde Richard Riordan, instaló dos docenas de inodoros portátiles nuevamente. La mitad de ellos fueron retirados brevemente, en 1998, y regresaron después de una protesta. En 2006, cuando mediante fotografías se denunció que eran utilizados para ejercer la prostitución, la ciudad los removió definitivamente.

Algunos defensores enlazan las políticas fallidas de L.A. con el lineamiento de “contención” de la ciudad -de 1975- respecto de skid row, un refugio de último recurso para alcohólicos, desempleados y discapacitados.

Enfrentada al desplazamiento generalizado de personas pobres durante la remodelación de las casas victorianas de Bunker Hill, la ciudad rechazó la limpieza del barrio marginal en skid row. En lugar de ello, los funcionarios concentraron viviendas de bajos ingresos y servicios para desamparados en el distrito de 50 cuadras.

Pero el área se convirtió en un vertedero para hospitales, prisiones y otras ciudades, que querían deshacerse de aquellos sin otro lugar adonde ir.

Se esperaba que las personas sin hogar en skid row ingresaran en refugios, pasaran gradualmente a viviendas de transición y finalmente obtuvieran hogares permanentes a través de su buen comportamiento, incluida la sobriedad. Pero muchos se alejaron de ese camino y nunca más lograron recuperarse.

La política de contención ahora se considera un fracaso.

“Es un entorno contenido”, afirmó Daniel Flaming, de Economic Roundtable, que estudia el tema. “Las salidas de la falta de vivienda son escasas”.

Cuando la crisis surgió nuevamente, con la epidemia de crack en la década de 1990, la ciudad y el condado se demandaron mutuamente para determinar quién era culpable. El condado redujo drásticamente los pagos de asistencia social, mientras que las políticas de uso de la tierra de la ciudad habían minimizado la disponibilidad de hogares para gente de bajos ingresos.

Las demandas se resolvieron al formar la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles, que teóricamente dividía la responsabilidad de manera equitativa entre la ciudad y el condado. Los críticos señalaron que eso le permitió a ambos evadir la responsabilidad.

A fines de la década de 1990 y en la de 2000, el centro de Los Ángeles comenzó su espectacular cambio, de ser un páramo oscuro a un animado centro residencial y de entretenimiento. La presión creció para que la ciudad limpiara skid row.

El por entonces jefe de la policía, William J. Bratton, dio en 2006 rienda suelta a su campaña de “ventanas rotas”, y emitió miles de multas a los desamparados por contravenciones menores, como cruzar la calle con el semáforo en rojo y arrojar colillas de cigarrillos. La zona se despejó, pero las personas sin hogar eran arrestadas por no pagar las multas, y saltaban de la cárcel directo a skid row.

El condado adoptó un plan valuado en $100 millones para construir cinco refugios regionales, pero un año después lo archivó, ante las protestas.

Los tribunales federales reiteradamente ratificaban los desafíos judiciales a la represión de la ciudad contra las personas sin hogar sin proporcionarles espacio para refugios.

En 2006, la ciudad resolvió un litigio al firmar el Acuerdo de Jones, que permitía a los desamparados dormir durante la noche en las aceras. El acuerdo preparó el escenario para la explosión de los campamentos de hoy en día.

“Estamos lidiando con las consecuencias históricas de las malas decisiones tomadas hace una década, para garantizar el derecho a las aceras en lugar de un derecho a la vivienda”, consideró Mike Bonin, concejal del lado oeste.

En los últimos años, Los Ángeles se enfocó en ubicar a los desamparados en viviendas permanentes rápidamente, sin condiciones previas, a menudo con vales de renta.

Pero calificar para ello lleva meses, y la ciudad tiene una escasez severa de apartamentos para personas pobres; 500 veteranos sin hogar tienen cupones pero no hay lugar para canjearlos, remarcaron las autoridades.

Ahora, la ciudad está recurriendo nuevamente a medidas provisionales, mientras optimiza las aprobaciones para acelerar la construcción de viviendas permanentes. También hay planes para la expansión de los refugios, la conversión de moteles, la creación de campamentos para remolques, la instalación de duchas y baños móviles y los estacionamientos para aquellos que duermen en sus automóviles.

“La ciudad y el condado necesitan centrarse en los baños y duchas, para obtener un alivio inmediato”, advirtió el concejal Marqueece Harris-Dawson, presidente del comité de indigencia y pobreza.

El mes pasado, Garcetti abrió baño temporales en skid row. El líder de la ciudad aseguró que alojaría a decenas de desamparados -que ahora acampan cerca del puente de una autopista- en remolques, en un lote que la ciudad posee en el centro.

La política de personas sin vivienda en L.A. volvía al principio.

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