Planean procesamiento masivo de migrantes que crucen ilegalmente la frontera de San Diego

Las autoridades fronterizas de Estados Unidos, en una medida para implementar la política migratoria de “cero tolerancia” impuesta por el gobierno de Donald Trump, planean poner en efecto un programa de procesamiento masivo para acusar criminalmente a las personas que cruzan la frontera hacia California de forma ilegal.

Bajo este plan llamado ‘Operation Streamline’, los migrantes serán enjuiciados en audiencias grupales, con lo que se espera que los casos - desde la lectura de cargos hasta la sentencia- concluyan en cuestión de horas.

Este programa que puede procesar hasta 100 migrantes por día, ya está en efecto en distritos federales de Arizona y Texas, pero marcarían un cambio importante para el sur de California, con sede en San Diego, que no ha experimentado este plan desde que en su frontera incrementaron los cruces ilegales.

La mayoría de las personas que cruzan sin documentos no son enjuiciadas penalmente, pero las cifras aumentarían sustancialmente bajo la “Operation Streamline”.

Los planes fueron dados ha conocer recientemente a los miembros del Comité de Administración de Casos Criminales, un grupo de abogados, jueces y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley convocados por el juez del distrito, Barry Moskowitz, para abordar la creciente cantidad de casos en esta zona.

Los detalles de la puesta en marcha aún no han finalizado, pero los fiscales le dijeron al comité que quieren procesar de 35 a 100 personas por día, incluidos quienes cruzan ilegalmente por primera vez, según Jeremy Warren, un abogado defensor que asistió a una reunión del comité el 6 de junio.

“Quieren que cualquier persona arrestada cruzando la frontera sea procesada”, dijo Warren, y agregó que aún hay discusiones en curso sobre cómo la corte lidiará con los casos adicionales. Los fiscales quieren que el programa comience en un mes.

Los funcionarios federales y de la corte, incluidos los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia, rechazaron comentar al respecto.

Kelly Thornton, vocera de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en San Diego, dijo que están trabajando con los tribunales para manejar el creciente número de casos de inmigración “de una manera que respete los derechos constitucionales de los acusados”.

La Patrulla Fronteriza en esta ciudad arresta en promedio a unos 120 inmigrantes por día a lo largo de 60 millas que tiene a su cargo. Los casos están aumentando drásticamente tras el anuncio en abril del fiscal general Jeff Sessions, de que se implementaría una política de cero tolerancia.

Las autoridades estadounidenses dicen que los procesamientos fronterizos son un elemento de disuasión eficaz y lo han convertido en la piedra angular de los esfuerzos del presidente Trump para acabar con la inmigración ilegal. Streamline es un programa de la Patrulla Fronteriza que requiere la coordinación con los abogados y los jueces de los tribunales federales para establecer las metas de procesamiento.

Este plan ha generado controversia y protestas, y los críticos lo han calificado como la aplicación de la “justicia en una línea de ensamblaje” que socava los derechos básicos de los acusados.

Para lidiar con el creciente número de casos, los jueces en el distrito a veces mantienen los tribunales abiertos hasta tarde, los agentes de inmigración colaboran con la seguridad y los acusados son enviados a los tribunales de centros de detención en Arizona.

En un procedimiento poco común, Moskowitz formó en mayo el comité de administración de casos criminales, en donde se incluye a fiscales, jueces y abogados defensores.

“El aumento tiene y causará tensiones y problemas para la corte y su personal”, dijo Moskowitz hablando de su iniciativa.

En 2005, la patrulla fronteriza puso en marcha el operativo Streamline en Texas como una forma de penalizar a los migrantes que, de lo contrario, serían deportados sin que se les levantaran cargos. La implementación del programa varía de un distrito a otro, dependiendo de los recursos y las prioridades del sector, pero el programa generalmente apunta a aumentar los procesamientos agilizando el proceso judicial.

Los migrantes aparecen en los tribunales un día después de su arresto, en donde los fiscales les ofrecen acuerdos para que acepten haber cometido un delito menor.

La sentencia máxima por entrada “inapropiada” al país es de seis meses, pero la mayoría de los acusados se declaran culpables y son deportados después de unos días o semanas en la cárcel.

El distrito sur de California es uno de los más concurridos del país y maneja una gran cantidad de casos de fraudes relacionados con el cuidado de la salud así como casos importantes de cárteles de pandillas y drogas.

A diferencia de otros condados que manejan los programas Streamline, ha tenido una baja en la cantidad de cruces ilegales durante años. Los procesamientos se centraron en delincuentes con cargos más graves, incluidos los traficantes de personas y los que tienen antecedentes penales.

Por mucho tiempo, los abogados defensores han criticado a Streamline porque sacrifica las protecciones constitucionales por la resolución rápida de los casos. Con varias comparecencias judiciales combinadas en una, los abogados tienen un tiempo muy limitado para consultar con clientes cuestiones que pueden ser complejas.

“Defenderemos los casos que se presenten, pero no queremos estar en una situación en donde estamos procesando personas como piezas de una fábrica ... Las personas que han sido separadas de sus hijos no están en condiciones de hacer una decisión en media hora “, dijo Warren.

Charles LaBella, un ex fiscal federal de mayor rango en el distrito, llamó a Streamline “justicia torniquete” porque no es lo que los tribunales federales deberían hacer.

“Quita el énfasis en los extranjeros criminales que enfrentan cargos serios y evita a los delincuentes de cuello blanco (estafadores, competidores desleales, fraude al Medicare, el fraude bancario). Usar los recursos para enjuiciar a personas que vienen a trabajar al campo o a otros empleos mal remunerados para enviar dinero a casa es una mala decisión”, dijo .

Pero los partidarios dicen que el programa proporciona un fuerte mensaje de que la ley ahora se aplicará estrictamente a lo largo de la frontera, un escenario que hará que muchas personas desistan de intenten cruzar de nuevo.

“La mayoría de estas personas no quieren pasar tiempo en la cárcel con violadores o traficantes de drogas”, dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, que respalda controles más estrictos sobre inmigración. “Son personas normales, lavaplatos, jardineros... en su mayor parte no están involucrados en ese tipo de criminalidad. Pero el delito que están cometiendo es cruzar la frontera ilegalmente, y es necesario enviar el mensaje”.

Los distritos fronterizos ya están mostrando signos de tensión a medida que la política de cero tolerancia se afianza. En el sur de Texas, hasta 40 acusados con grilletes a la vez comparecen ante los tribunales. En el sur de Arizona, el juez Raner Collins dijo que el distrito no puede aumentar el límite actual de 75 sin obtener más recursos.

Los activistas se han manifestado en los juzgados y han intentado impedir que los autobuses llenos de inmigrantes lleguen al edificio federal en Tucson. El juez Robert Brack, del que se cree que ha manejado más casos de Streamline que cualquier otro en el país, recientemente le dijo al Times que había decidido dimitir de su posición en su distrito de Nuevo México.

“He presidido un proceso que destruye a las familias por largo tiempo, y estoy cansado”, dijo Brack. “Y creo que nosotros como país podemos hacer mucho mejor las cosas mucho”.

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