Surge impactante cifra de abuso sexual en los Boy Scouts
Durante décadas, los Boy Scouts of America (BSA) cuidaron de cerca un botín de documentos secretos que detallan las acusaciones de abuso sexual contra sus líderes de tropas y otros.
La información pública más completa sobre los abusos se conoció en 2012, cuando Los Angeles Times publicó una base de datos de 5.000 archivos y resúmenes de casos que forman parte de la lista negra de los Scouts, conocida como los “archivos de la perversión”.
Siete años después, hay más detalles sobre el alcance del abuso sexual en la organización juvenil. Una investigadora contratada por los Scouts para analizar los registros, que datan de 1944 a 2016, declaró a principios de este año que había identificado a 7.819 sospechosos y 12.254 víctimas.
Pero incluso esas cifras subestiman en gran medida la cantidad de abusadores que se infiltraron en las filas de los Scouts a lo largo de los años, según los abogados que han demandado a la organización en nombre de cientos de víctimas. La mayoría de los depredadores fueron acusados de abusar de múltiples niños, remarcaron, y muchos casos nunca fueron denunciados.
Boy Scouts of America ha lidiado con años de costosos litigios, al tiempo que observa la disminución de su membresía. La organización considera actualmente solicitar la protección por bancarrota, lo cual pondría un alto a las demandas en curso mientras se negocian los acuerdos.
Un abogado de Seattle, Timothy Kosnoff, quien querelló a los Boy Scouts más de 100 veces desde 2007, dijo que él y dos bufetes con los que se había asociado recientemente sumaron más de 350 nuevos clientes a través de una campaña publicitaria por televisión nacional y un sitio web, Abused in Scouting.
Según Kosnoff, las acusaciones abarcan décadas, se extienden a 48 estados y provienen de víctimas de entre 14 y 97 años. La mayoría de los acusados, 234, son hombres que no figuran en la lista negra que la organización usó para excluir a presuntos agresores.
“En consecuencia, la cantidad de niños que han sido víctimas de abuso en el movimiento Scout es mucho mayor de lo que BSA ha revelado”, expuso Kosnoff. “Los niños maltratados sufren estas heridas de por vida. Es hora de que BSA sea responsable de esta atrocidad”.
La magnitud del problema del abuso de los Scouts adquiere un nuevo significado a medida que Nueva York y Nueva Jersey extienden sus plazos de prescripción para las demandas de abuso sexual infantil, lo cual expone a la organización juvenil -de 109 años de antigüedad- a una gran cantidad de nuevas denuncias. En California está pendiente una legislación similar.
Funcionarios de Scouts a nivel nacional no precisaron cuántas demandas por abuso sexual se han presentado contra el grupo o cuánto se ha pagado en acuerdos y sentencias; tampoco existen estimaciones independientes confiables.
En una declaración a The Times, los funcionarios de Scouts enfatizaron las medidas de protección juvenil reforzadas que tienen vigencia actualmente, incluidas las verificaciones de antecedentes penales de los líderes y voluntarios de la organización, y dijeron que en 2018 se conocieron sólo cinco casos de abuso sexual entre los 2.2 millones de Scouts. “Nos preocupamos profundamente por todas las víctimas de abuso infantil y nos disculpamos sinceramente con cualquier persona que haya sufrido daños durante su tiempo en el movimiento Scout”, afirma la declaración. “Creemos en las víctimas, las apoyamos, les pagamos una terapia ilimitada provista por un proveedor [de salud mental] de su elección y los animamos a que hablen de lo ocurrido. Tan pronto como BSA es notificada de cualquier acusación, se reporta inmediatamente a la policía”.
El recuento de más de 7.800 sospechosos de abuso identificados por el experto de la organización incluye a algunos que presentaron su solicitud pero nunca se les permitió unirse a las filas, remarcaron los Boy Scouts. La organización no dio más detalles.
El número fue citado en una conferencia de prensa realizada en Manhattan a fines de abril pasado por el abogado Jeff Anderson, quien describió su “conmoción y consternación” por la magnitud del abuso, y en una entrevista posterior afirmó que cree que las cifras se quedan cortas. “Es emblemático de lo poco que se sabe realmente acerca de su magnitud”, expuso.
Anderson se enteró de las cantidades mientras llevaba adelante una demanda por abuso sexual no relacionada con este caso, en su estado natal de Minnesota. Entre las personas que testificaron estaba Janet Warren, profesora de psiquiatría y ciencias neuroconductuales de la Universidad de Virginia, quien indicó que ella y un equipo de programadores informáticos habían hecho los cálculos después de pasar cinco años analizando archivos bajo un contrato con los Scouts.
Pero las cifras son erróneas porque muchos de los perpetradores tuvieron múltiples víctimas, muchos casos de abuso sexual nunca se denuncian, y los Scouts reconocieron haber destruido una cantidad desconocida de archivos a lo largo de los años, remarcó Paul Mones, uno de los abogados en una demanda histórica, en Oregon, que resultó en un veredicto de un jurado de casi $20 millones contra los Scouts, en 2010.
Según Mones, menos de una cuarta parte de los casos de abuso de Scouts en la última década involucraron a perpetradores que estaban en los archivos.
Formalmente conocidos durante años como los ‘Archivos de voluntarios no elegibles’, los expedientes, ahora llamados ‘Revisión de datos de voluntarios’, nombran a presuntos abusadores de todas las regiones y contienen información biográfica, registros legales, correspondencia oficial y relatos de presuntos abusos por parte de líderes Scouts, que a menudo eran respetados miembros de sus comunidades. No es necesario ser acusado de un delito para ser colocado en los archivos, ni todas las acusaciones allí fueron confirmadas.
Los registros han existido durante aproximadamente un siglo. Su publicación por The Times, en 2012, desencadenó juicios por parte de víctimas de abuso que los citaron como evidencia de que la organización sabía que había pedófilos entre ellos, pero no protegía a los niños.
Los funcionarios de la entidad lucharon duramente en la corte para evitar que los archivos lleguen al público, argumentando que la confidencialidad es necesaria para proteger a las víctimas, testigos y cualquier persona acusada falsamente. También exponen que la lista negra ha sido efectiva. “Si bien algunos perpetradores pudieron eludir el sistema, el hecho es que hubo innumerables ocasiones en que los archivos evitaron que estos se unieran a la organización o volvieran a involucrarse con esta”, según la declaración de los Scouts.
La revisión de los archivos que hace siete años hizo el Times -un trabajo que se extendió a lo largo de 12 meses- reveló serias fallas en los esfuerzos del grupo por frenar el abuso.
En cientos de casos, según el periódico, los Boy Scouts no informaron de los infractores a las autoridades, y con frecuencia ocultaron las acusaciones de los padres y del público. En más de 125 casos, los hombres presuntamente continuaron molestando a los Scouts después de que la organización presentara por primera vez las denuncias de comportamiento abusivo.
Más de 100 veces, los funcionarios de los Scouts intentaron activamente ocultar el supuesto abuso o permitieron que los sospechosos lo ocultaran. A veces instaron a los delincuentes reconocidos a renunciar en silencio, y luego los ayudaron a cubrir sus rastros con razones falsas para su partida.
Ese hallazgo está totalmente en desacuerdo con la conclusión de Warren después de revisar los archivos, de que no hay evidencia de encubrimiento por parte de los Boy Scouts of America. En la declaración, los Scouts dijeron que Warren se refería sólo a cualquier encubrimiento a nivel nacional. “Ha habido ocasiones, la mayoría de ellas hace décadas, en que las personas locales no siguieron los procedimientos para reportar, ya sea a la organización nacional o a la policía”, aseveró, y señaló que en 2013 [la entidad] revisó sus archivos y notificó a la policía cualquier caso de abuso que podría no haber sido denunciado en su momento.
The Times obtuvo los registros de la base de datos de Kosnoff -el abogado de Seattle- y de la liberación ordenada por el tribunal de los archivos del juicio histórico en Portland, Oregon, en el que un ex scout acusó a la organización de no haberlo protegido de un líder depredador. La indemnización del veredicto -$20 millones, en su mayoría por daños punitivos- marcó un punto de inflexión para los Scouts, que hasta entonces habían resuelto discretamente la mayoría de las demandas, indicó Mones.
Para el abogado, la publicación de los archivos contribuyó a un “cambio fundamental en la conciencia nacional sobre el abuso sexual en grandes instituciones”, que también fue impulsado por escándalos en Penn State, USA Gymnastics y la Iglesia católica, entre otros.
El resultado también generó más conciencia por parte de las legislaturas estatales, para reformar los plazos de caducidad de este tipo de demandas.
Esta semana, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, firmó una ley que permite a aquellos que fueron víctimas en la infancia demandar hasta los 55 años de edad, o dentro de los siete años de descubrir que el abuso les causó un daño. Nueva York también aprobó disposiciones similares y una “puerta al pasado”, que permitiría revivir algunos reclamos antiguos.
Un proyecto de ley de California que se abre camino a través de la Legislatura ampliaría el plazo para que las víctimas de agresión sexual infantil presenten demandas por daños y perjuicios, elevando la edad máxima para iniciar una acción de 26 a 40, o dentro de los cinco años de descubrir el daño causado por el abuso.
La publicación del Times de su base de datos generó una ola de litigios civiles contra los Scouts, advirtió Mones. El abogado estimó que se habían presentado al menos 400 demandas desde que se dieron a conocer los archivos, y notó que los Scouts habían intentado resolver muchas otras acciones legales antes de que se presentaran.
Al menos dos de las aseguradoras de la organización se negaron a cubrir los pagos, alegando que los Scouts podrían haber evitado el abuso que llevó a las reclamaciones.
Aunque la organización nacional todavía tiene activos por más de $1.000 millones, los pasivos que se avecinan son lo suficientemente grandes como para considerar la presentación de una protección por bancarrota. Suscribirse al Capítulo 11 exigiría que las nuevas denuncias por abusos se manejen en ese lugar, en lugar de en los tribunales estatales. Aquellos que presenten reclamos se unirían a otros acreedores.
Algunas diócesis católicas atrapadas en el escándalo de abuso sexual de la Iglesia emplearon la misma táctica.
“BSA está considerando opciones para determinar cómo se puede compensar equitativamente a las víctimas mientras la organización continúa con su misión de servir a los jóvenes”, remarca la declaración de los Scouts. “No se ha tomado ninguna decisión”.
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