Breve guía política para el futuro de los Dreamers

El Congreso y la Casa Blanca aún no han podido llegar a un acuerdo sobre un plan para otorgar estatus legal a millones de personas que fueron traídas al país sin autorización cuando eran niños; el tiempo sigue corriendo.

Cuando el presidente Trump dio por finalizado el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), en septiembre pasado, le dio al Congreso hasta el 5 de marzo próximo para encontrar una solución para los llamados Dreamers, antes de que el programa cese por completo. A pesar de meses de discusiones al respecto, solo quedan cinco días en el calendario legislativo antes de la fecha límite.

Esto es lo que sabemos sobre lo que está por venir:

Ante todo, ¿qué pasará el 5 de marzo?

No mucho. Los jueces federales en Nueva York y California ordenaron al Departamento de Justicia que reanude la aceptación de las solicitudes de renovación de DACA mientras se apela el cese del programa. En el marco de DACA, más de 700,000 personas obtuvieron un alivio de deportación temporal y permiso para trabajar en el país.

Las órdenes de los jueces le quitaron un poco de presión al Congreso para hacer algo antes de la fecha límite establecida por el presidente.

El Tribunal Supremo de los EE.UU. está considerando aceptar una solicitud del Departamento de Justicia para acelerar una apelación, en lugar de dejar que pase por el proceso normal, pero el tribunal no ha concedido algo así en más de 30 años.

Si la Suprema Corte lo aprueba, los jueces podrían resolver el estado de DACA para el final de la sesión actual, en junio. En caso de que la apelación quede donde está, la cuestión probablemente no regrese a la Corte Suprema hasta el otoño, como mínimo.

Entonces, ¿cuál es la situación en el Congreso?

La semana pasada, el Senado planteó pero no logró avanzar en cuatro propuestas que habrían otorgado a los Dreamers algún tipo de estatus legal a cambio de fondos para más seguridad fronteriza o cambios en el sistema general de inmigración.

El plan que, se creía, tenía la mejor oportunidad de prosperar, habría proporcionado $25 mil millones para la seguridad limítrofe, incluido el muro fronterizo de Trump, a cambio de regularizar el estatus de unos 1,8 millones de Dreamers y otorgarles una vía de 10 años hacia la ciudadanía.

A la propuesta le faltaron seis votos de los 60 necesarios para seguir adelante, y fracasó en parte porque el presidente expresó en Twitter que la vetaría. Hay pocas dudas de que, con el apoyo del primer mandatario, hubiera sido exitosa.

Los líderes republicanos del Senado indicaron que pasarían a otros temas si no se llegaba a un acuerdo, y no está claro si ello se trata de una amenaza. “Si no actuamos, estos jóvenes inmigrantes enfrentarán la amenaza de la deportación. Mi mensaje a los Dreamers es que no pierdan las esperanzas. Vamos a seguir trabajando”, aseguró la senadora de California Dianne Feinstein, después de que los proyectos de ley del Senado fallaran.

¿Intentará la Cámara aprobar su propio proyecto?

La Cámara esperó a que el Senado diera el primer paso, pero su presidente, Paul D. Ryan, sugirió que los republicanos que controlan la Cámara actuarían por sí mismos. “Claramente, necesitamos abordar este tema en marzo; es todo lo que diré”, afirmó el republicano de Wisconsin a los periodistas, la semana pasada.

Existen más de media docena de propuestas en la Cámara. Ryan y otros líderes republicanos se han unido en torno a un plan del presidente de la Judicatura de la Cámara, Robert W. Goodlatte (R-Va) y el presidente de Seguridad Nacional Michael McCaul (R-Texas), y están trabajando para determinar cuántos miembros votarían por él. “Sus instrucciones fueron que este proyecto de ley se apruebe”, precisó en CSPAN Goodlatte, un exabogado de inmigración, acerca de Ryan.

¿Qué hay en el plan de Goodlatte?

La propuesta permitiría a los Dreamers renovar periódicamente su estatus y eventualmente solicitar una tarjeta verde de residencia, pero no incluye una vía hacia la ciudadanía. También requeriría que los empleadores verifiquen el estado de inmigración de los empleados a través del programa E-Verify, y autorizaría al Departamento de Justicia a retener las subvenciones de las llamadas ciudades santuario.

Los conservadores vigilan de cerca lo que Ryan está dispuesto a presentar en el recinto, y si cumplirá una promesa que hizo cuando se convirtió en líder, de que no presentaría un proyecto de ley de inmigración para su votación a menos que cuente con el respaldo de un mayoría de los republicanos de la Cámara.

El plan Goodlatte tiene el apoyo de Trump y se encuentra entre las opciones más conservadoras. Los demócratas de la Cámara de Representantes se oponen universalmente y no es probable que sea considerado en el Senado, incluso si se aprueba.

¿Qué desean los demócratas?

Los líderes republicanos de la Cámara ignoraron una solicitud de los demócratas para que la Cámara imite al Senado y considere varias propuestas diferentes a la vez (la líder de la minoría, Nancy Pelosi, pasó ocho horas presionando para que Ryan prometa considerar varios planes).

Los demócratas de la Cámara de Representantes y los republicanos moderados prefieren un proyecto de ley bipartidista, patrocinado por los representantes Will Hurd (R-Texas) y Pete Aguilar (D-Redlands).

El plan Hurd-Aguilar es similar a la medida que recibió más apoyo en el Senado. Este permitiría que los Dreamers soliciten el estatus legal permanente e incluye un refuerzo de la aplicación de la ley inmigratoria, incluido un mayor control de la frontera sur y más fondos para abordar los retrasos en los tribunales de inmigración.

Entre sus 53 patrocinadores hay 10 miembros de la delegación de California: tres republicanos y siete demócratas.

¿Qué están haciendo los californianos?

Se estima que 222,000 beneficiarios de DACA viven en este estado.

Aguilar no es el único californiano que trabaja entre bastidores para elaborar legislación. Los representantes republicanos de Central Valley David Valadao y Jeff Denham son parte de un grupo bipartidista que busca crear un plan que ambas partes acepten. Sus distritos son muy latinos. Denham llamó a Ryan a prometer que permitiría votar sobre “todas las propuestas serias y sustanciales, particularmente las que se ofrecen de forma bipartidista”.

¿Es posible una solución a corto plazo?

El senador republicano Jeff Flake, de Arizona, propuso una medida provisional que renovaría legislativamente el programa DACA durante tres años, a cambio de un aumento de $7,600 millones en gastos de seguridad fronteriza.

Pero Trump y los conservadores de línea dura han presionado para una revisión integral de la política de inmigración, y muchos desconfían que un parche legislativo pueda ser permanente.

La retórica del presidente al respecto, especialmente en las últimas semanas, indica que no está abierto a una solución temporal.

El Congreso tiende a acelerar su trabajo cuando se enfrenta a una fecha límite, y los temas delicados a menudo son considerados como proyectos de ley ‘obligatorios’ para tratar de forzar una votación. Esa es una de las razones por las que la administración cerró dos veces este año.

El próximo proyecto de ley de gastos obligatorio debe aprobarse antes del 24 de marzo para evitar otro cierre del gobierno, por lo tanto también se considera la fecha como el nuevo plazo para hacer algo por los Dreamers. También es una de las últimas leyes importantes que el Congreso espera aprobar este año, antes de que la atención de los legisladores se concentre en las elecciones de mitad de período.

Traducción: Valeria Agis

El Congreso y la Casa Blanca aún no han podido llegar a un acuerdo sobre un plan para otorgar estatus legal a millones de personas que fueron traídas al país sin autorización cuando eran niños; el tiempo sigue corriendo.

Cuando el presidente Trump dio por finalizado el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), en septiembre pasado, le dio al Congreso hasta el 5 de marzo próximo para encontrar una solución para los llamados Dreamers, antes de que el programa cese por completo. A pesar de meses de discusiones al respecto, solo quedan cinco días en el calendario legislativo antes de la fecha límite.

Esto es lo que sabemos sobre lo que está por venir:

Ante todo, ¿qué pasará el 5 de marzo?

No mucho. Los jueces federales en Nueva York y California ordenaron al Departamento de Justicia que reanude la aceptación de las solicitudes de renovación de DACA mientras se apela el cese del programa. En el marco de DACA, más de 700,000 personas obtuvieron un alivio de deportación temporal y permiso para trabajar en el país.

Las órdenes de los jueces le quitaron un poco de presión al Congreso para hacer algo antes de la fecha límite establecida por el presidente.

El Tribunal Supremo de los EE.UU. está considerando aceptar una solicitud del Departamento de Justicia para acelerar una apelación, en lugar de dejar que pase por el proceso normal, pero el tribunal no ha concedido algo así en más de 30 años.

Si la Suprema Corte lo aprueba, los jueces podrían resolver el estado de DACA para el final de la sesión actual, en junio. En caso de que la apelación quede donde está, la cuestión probablemente no regrese a la Corte Suprema hasta el otoño, como mínimo.

Entonces, ¿cuál es la situación en el Congreso?

La semana pasada, el Senado planteó pero no logró avanzar en cuatro propuestas que habrían otorgado a los Dreamers algún tipo de estatus legal a cambio de fondos para más seguridad fronteriza o cambios en el sistema general de inmigración.

El plan que, se creía, tenía la mejor oportunidad de prosperar, habría proporcionado $25 mil millones para la seguridad limítrofe, incluido el muro fronterizo de Trump, a cambio de regularizar el estatus de unos 1,8 millones de Dreamers y otorgarles una vía de 10 años hacia la ciudadanía.

A la propuesta le faltaron seis votos de los 60 necesarios para seguir adelante, y fracasó en parte porque el presidente expresó en Twitter que la vetaría. Hay pocas dudas de que, con el apoyo del primer mandatario, hubiera sido exitosa.

Los líderes republicanos del Senado indicaron que pasarían a otros temas si no se llegaba a un acuerdo, y no está claro si ello se trata de una amenaza. “Si no actuamos, estos jóvenes inmigrantes enfrentarán la amenaza de la deportación. Mi mensaje a los Dreamers es que no pierdan las esperanzas. Vamos a seguir trabajando”, aseguró la senadora de California Dianne Feinstein, después de que los proyectos de ley del Senado fallaran.

¿Intentará la Cámara aprobar su propio proyecto?

La Cámara esperó a que el Senado diera el primer paso, pero su presidente, Paul D. Ryan, sugirió que los republicanos que controlan la Cámara actuarían por sí mismos. “Claramente, necesitamos abordar este tema en marzo; es todo lo que diré”, afirmó el republicano de Wisconsin a los periodistas, la semana pasada.

Existen más de media docena de propuestas en la Cámara. Ryan y otros líderes republicanos se han unido en torno a un plan del presidente de la Judicatura de la Cámara, Robert W. Goodlatte (R-Va) y el presidente de Seguridad Nacional Michael McCaul (R-Texas), y están trabajando para determinar cuántos miembros votarían por él. “Sus instrucciones fueron que este proyecto de ley se apruebe”, precisó en CSPAN Goodlatte, un exabogado de inmigración, acerca de Ryan.

¿Qué hay en el plan de Goodlatte?

La propuesta permitiría a los Dreamers renovar periódicamente su estatus y eventualmente solicitar una tarjeta verde de residencia, pero no incluye una vía hacia la ciudadanía. También requeriría que los empleadores verifiquen el estado de inmigración de los empleados a través del programa E-Verify, y autorizaría al Departamento de Justicia a retener las subvenciones de las llamadas ciudades santuario.

Los conservadores vigilan de cerca lo que Ryan está dispuesto a presentar en el recinto, y si cumplirá una promesa que hizo cuando se convirtió en líder, de que no presentaría un proyecto de ley de inmigración para su votación a menos que cuente con el respaldo de un mayoría de los republicanos de la Cámara.

El plan Goodlatte tiene el apoyo de Trump y se encuentra entre las opciones más conservadoras. Los demócratas de la Cámara de Representantes se oponen universalmente y no es probable que sea considerado en el Senado, incluso si se aprueba.

¿Qué desean los demócratas?

Los líderes republicanos de la Cámara ignoraron una solicitud de los demócratas para que la Cámara imite al Senado y considere varias propuestas diferentes a la vez (la líder de la minoría, Nancy Pelosi, pasó ocho horas presionando para que Ryan prometa considerar varios planes).

Los demócratas de la Cámara de Representantes y los republicanos moderados prefieren un proyecto de ley bipartidista, patrocinado por los representantes Will Hurd (R-Texas) y Pete Aguilar (D-Redlands).

El plan Hurd-Aguilar es similar a la medida que recibió más apoyo en el Senado. Este permitiría que los Dreamers soliciten el estatus legal permanente e incluye un refuerzo de la aplicación de la ley inmigratoria, incluido un mayor control de la frontera sur y más fondos para abordar los retrasos en los tribunales de inmigración.

Entre sus 53 patrocinadores hay 10 miembros de la delegación de California: tres republicanos y siete demócratas.

¿Qué están haciendo los californianos?

Se estima que 222,000 beneficiarios de DACA viven en este estado.

Aguilar no es el único californiano que trabaja entre bastidores para elaborar legislación. Los representantes republicanos de Central Valley David Valadao y Jeff Denham son parte de un grupo bipartidista que busca crear un plan que ambas partes acepten. Sus distritos son muy latinos. Denham llamó a Ryan a prometer que permitiría votar sobre “todas las propuestas serias y sustanciales, particularmente las que se ofrecen de forma bipartidista”.

¿Es posible una solución a corto plazo?

El senador republicano Jeff Flake, de Arizona, propuso una medida provisional que renovaría legislativamente el programa DACA durante tres años, a cambio de un aumento de $7,600 millones en gastos de seguridad fronteriza.

Pero Trump y los conservadores de línea dura han presionado para una revisión integral de la política de inmigración, y muchos desconfían que un parche legislativo pueda ser permanente.

La retórica del presidente al respecto, especialmente en las últimas semanas, indica que no está abierto a una solución temporal.

El Congreso tiende a acelerar su trabajo cuando se enfrenta a una fecha límite, y los temas delicados a menudo son considerados como proyectos de ley ‘obligatorios’ para tratar de forzar una votación. Esa es una de las razones por las que la administración cerró dos veces este año.

El próximo proyecto de ley de gastos obligatorio debe aprobarse antes del 24 de marzo para evitar otro cierre del gobierno, por lo tanto también se considera la fecha como el nuevo plazo para hacer algo por los Dreamers. También es una de las últimas leyes importantes que el Congreso espera aprobar este año, antes de que la atención de los legisladores se concentre en las elecciones de mitad de período.

Traducción: Valeria Agis

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