El juez decidirá si la discreción del gobierno debe ser restringida en las separaciones familiares

SAN DIEGO —  Ambas partes afirman que se preocupan por el bienestar de los niños.

Por un lado, el gobierno de Estados Unidos continúa separando a los niños migrantes de ciertos padres considerados peligrosos o incapaces. Por otro lado, los defensores de los migrantes están tratando de proteger a los menores del terror de la separación.

¿Qué es lo correcto?

Es la pregunta que el Juez de Distrito de Estados Unidos, Dana Sabraw, está siendo llamado a considerar en otro gran desarrollo en el litigio de separación familiar que se ha extendido por casi dos años y que ya ha remodelado la política de inmigración a lo largo de la frontera sur.

Al menos 1,050 separaciones familiares han ocurrido en la frontera desde la histórica orden preliminar de Sabraw en junio de 2018, que en general pone freno a la práctica, y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) le está pidiendo al juez que controle la discrecionalidad que se le ha dado al gobierno para que pueda tomar estas decisiones que alteran la vida de las personas.

“Creo que estamos ante el momento más importante en este caso desde el principio”, dijo Lee Gelernt, abogado de ACLU, a Sabraw durante los argumentos orales sobre el tema. “Lo que tenemos son padres que pierden a sus hijos cuando son perfectamente capaces y no peligrosos”.

Las separaciones en curso se hacen por una variedad de razones: antecedentes penales, enfermedades transmisibles, aptitud, peligrosidad, dudas sobre la filiación y enjuiciamiento penal.

El año pasado, cuando Sabraw estuvo de acuerdo en que la ley otorgaba al gobierno la facultad discrecional de tomar decisiones definitivas sobre las separaciones en lo que respecta a esos criterios, el asunto parecía estar ampliamente decidido.

Incluso aprobó una definición de clase que excluía a los migrantes con antecedentes penales, al tiempo que alentaba al gobierno a ser generoso con las excepciones, especialmente cuando se trata de infracciones menores.

Pero recientemente, la ACLU afirmó que el gobierno estaba abusando de esa discreción, señalando numerosos ejemplos durante el año pasado que sugerían separaciones injustificadas.

En el centro de su argumento está la crítica de la aparentemente fuerte dependencia del gobierno de los antecedentes penales para determinar si un padre es un peligro o no apto para un niño.

Gelernt se refirió a la jurisprudencia de todo el país que protege los derechos de los padres con las condenas más graves a mantener la custodia después de la prisión, siempre y cuando el hijo no sea la víctima.

Sabraw estuvo de acuerdo hasta cierto punto, llamando al examen de la historia criminal solamente “una manera obtusa de determinar la aptitud y el peligro” de uno de los padres.

Lo puso en perspectiva con un ejemplo de un padre que golpea a un hombre hasta casi matarlo y que cumple condena en prisión por asalto con un arma mortal - un crimen serio y violento.

“Ese hombre podría ser el padre más amoroso y protector”, dijo Sabraw.

Sin embargo, el padre podría representar un peligro para otros si el gobierno decidiera detenerlo en un centro de detención familiar, dijo.

“Esos son los temas que son difíciles, en donde hay dificultad para decidir”, dijo.

El Subprocurador General Adjunto Scott Stewart rechazó la idea de que el gobierno debería seguir una política rígida sobre cuándo se separa, subrayando la complejidad de la frontera y la necesidad de tomar decisiones rápidas sobre información limitada.

“Ha habido una serie de errores, lo reconocemos”, dijo Stewart. Pero argumentó que las separaciones generalmente se basaban en normas claras y objetivas, tal como se establece en las directrices del gobierno actual.

En particular, señaló la orientación que pide a las autoridades fronterizas que se centren en las condenas penales por “delitos violentos menores o mayores”.

“Realmente estamos tratando de hacer lo que podemos para llevar a cabo esto bien”, dijo Stewart.

Sabraw reconoció la sólida protección de la discrecionalidad del gobierno en las áreas de seguridad nacional, política de inmigración y detención. Pero también cuestionó la forma en que eso se relacionaba con el derecho constitucional a la integridad familiar.

Luego presionó al gobierno para que explicara por qué no había implementado una solución científica a un problema más simple: el uso de pruebas rápidas de ADN para determinar el parentesco.

Al menos 46 separaciones en el último año se basaron en dudas sobre la filiación, y ACLU señaló varios casos que podrían haberse evitado con pruebas instantáneas.

Aunque Stewart dijo que Seguridad Nacional ha implementado un programa piloto que utiliza pruebas rápidas de ADN en algunas regiones, argumentó que el número de separaciones basadas en las dudas de los padres era demasiado pequeño para justificar el requisito de una operación generalizada.

“Los gastos se quedan muy atrás cuando se trata de un derecho constitucional”, dijo Sabraw.

El juez tomó todo el asunto bajo consideración y emitirá un fallo más tarde.