Cuando el condado de L.A. rechazó el plan de construir una nueva cárcel, la supervisora Hilda Solís vio la oportunidad de usar el terreno para viviendas de los sin techo. En menos de cinco meses, el estacionamiento no utilizado se ha transformado en 232 unidades de vivienda permanente y provisional a 200.000 dólares por unidad, un récord de velocidad y coste.
Durante años fue solo otra triste pieza del telón de fondo del centro de Los Ángeles - un terreno vacío entre la cárcel del condado y el casco oxidado de una fábrica.
Pero desde el Día de Acción de Gracias, dos edificios de tres pisos, flanqueados por un ‘pueblo’ de casas remolque, han surgido en el antiguo sitio industrial.
Corrección:
8:13 a.m. en. 19, 2021An earlier version of this article misspelled the name of the design and construction firm. It is Bernards, not Bernard.
Cuando se den los últimos toques a la obra el mes entrante, el desarrollo de la calle Vignes de 232 unidades habrá destrozado el axioma de que las viviendas para los desamparados tardan años en construirse y son exorbitantemente caras. De principio a fin, en menos de cinco meses y a un costo de alrededor de 200.000 dólares por cama, ha eliminado años y cientos de miles de dólares de un proyecto tradicional de viviendas para personas sin hogar.
“¿Cuándo pensamos que seríamos capaces de hacer algo tan rápido, a un costo tan bajo y en un momento tan oportuno?” dijo la supervisora del Condado de Los Ángeles Hilda Solís, quien inició el proyecto con una moción adoptada por la Junta de Supervisores el 29 de septiembre. “Me sorprendió. Para el 11 de octubre, el trabajo de la obra había comenzado”.
Concebido como un experimento, el proyecto es un híbrido de estructuras permanentes y temporales y se utilizará de manera flexible tanto para alojamiento como para refugio.
A diferencia de los proyectos tradicionales de vivienda para personas sin hogar, que están diseñados para residencia permanente con servicios o para refugio a corto plazo, el complejo Vignes tendrá ambos. Los dos edificios principales, construidos con contenedores de transporte marítimo que se utilizaron en su día, tendrán 132 unidades de alojamiento permanente. Los remolques, cada uno dividido en cinco unidades, serán para viviendas provisionales. El edificio administrativo albergará comedores, lavandería y servicios de apoyo como gestión de casos y asesoramiento para atender tanto a los residentes permanentes como a los provisionales.
Los edificios principales, colocados sobre cimientos de hormigón para hacerlos permanentes, con el tiempo, podrán abrirse como viviendas provisionales y de transición.
“El objetivo es alojar a la gente lo más rápido posible”, dijo Sarah Dusseault, una comisionada de la Autoridad de Servicios a los Desamparados de Los Ángeles que asesoró a Solís en el proyecto. “La finalidad es colocar a las personas en una vivienda de inmediato, incluso si va a ser operada como algo temporal”.
Los remolques, colocados en soportes temporales, pueden ser trasladados en el futuro, dejando abierta la opción de construir edificios permanentes de varios pisos para ampliar las viviendas.
El experimento aprovechó circunstancias únicas y podría ser muy difícil repetirlo.
En cierto modo, el proyecto fue moldeado por la pandemia de COVID-19. El grueso de la financiación provino de la Ley Federal CARES, que permitió al condado evitar el complicado proceso habitual de búsqueda de dinero para viviendas asequibles. Y la emergencia sanitaria justificó las exenciones de la revisión ambiental y la licitación pública.
Otro bono fue el terreno de 4 acres en el centro de la ciudad. La propiedad había sido durante mucho tiempo una fábrica que construía equipos para pozos de petróleo y más tarde un taller de maquinaria. Los edificios fueron derribados en 2018, y el condado compró la propiedad como parte del proyecto de sustitución de la cárcel que la Junta de Supervisores archivó más adelante en su decisión de transferir recursos de la cárcel a la comunidad.
Esas ventajas, sin embargo, no explican del todo la velocidad y el costo del proyecto.
Miguel Santana, quien pasó décadas como administrador tanto en la ciudad como en el condado antes de servir como presidente de un comité ciudadano que supervisaba el programa de bonos de vivienda de la Proposición HHH de 1.2 mil millones de dólares de la ciudad, acreditó la cultura de obras públicas del condado como particularmente adecuada para construir rápida y eficientemente.
El Departamento de Obras Públicas del condado suele reunir un equipo que incluye a los responsables del uso de la tierra, los servicios sociales y la construcción, dijo. “Está claro de quién es la responsabilidad de hacerlo, cuándo y con qué presupuesto”, manifestó Santana.
También hubo situaciones intangibles que motivaron a todos los involucrados, destacó Mark Pestrella, director de obras públicas.
“Estamos encantados de ser parte de la solución para los desamparados”, enfatizó. “Los funcionarios públicos están muy emocionados de que se les dé la oportunidad de marcar la diferencia”.
La autorización en la moción de Solís a la junta, de saltarse la licitación, permitió a Pestrella buscar a Bernards, una empresa de diseño y construcción que dijo que era confiable y que trabajaría con el condado “en una relación de construcción, no solo de contratación”.
Bernards subcontrató con VESTA Modular, una empresa nacional con experiencia en el manejo de obstáculos en la construcción modular.
VESTA encontró un fabricante en Boise, Idaho, para los 20 remolques de estructura de madera que se enviarían en camión al lugar del refugio provisional. Un edificio administrativo de 6.000 pies cuadrados con oficinas, espacio para reuniones, una cocina comercial y lavandería fue enviado en secciones desde Texas.
Los contenedores de transporte que una vez se utilizaron y que constituían los dos edificios principales venían de Carson. Por un golpe de suerte, CRATE, una empresa de conversión de contenedores de 2 años de antiguedad, tuvo capacidad en su fábrica después de que otro trabajo se retrasara por la pandemia de COVID-19.
La construcción modular mantuvo el costo básico a poco más de 86.000 dólares por cama para los edificios principales y 50.000 dólares por cama para los remolques. Los ascensores exteriores, el edificio administrativo y la preparación del sitio, incluyendo la remoción de los tanques de gas subterráneos, elevaron el total a $48 millones, o $206.000 por unidad, sin incluir el costo del condado de $24 millones por el terreno.
Solís dijo que al principio tenía dudas sobre el uso de los contenedores de transporte, pero que se convenció cuando vio los interiores.
“El entorno es bastante impresionante”, afirmó. “Es como estar en el Best Western, solo que más pequeño”.
Los remolques “no serán algo que típicamente rodee a un desamparado o un refugio provisional”, dijo. Cada uno se dividirá en cinco residencias con su propio refrigerador y baño.
“Eso será la mayor revelación para otros funcionarios públicos”, comentó Solís. “Se puede atender a los desamparados con dignidad y respeto”.
Solís prevé el desarrollo como un paso en la transformación de un distrito industrial en la turbia frontera entre el barrio chino y el centro de la ciudad en una comunidad orientada al beneficio social.
Ya hay planes para una expansión en la propiedad al norte donde California Drop Forge fabrica componentes de precisión para los mercados aeroespacial y médico. La compañía tiene programada su reubicación el año que viene.
Dos vecinos son Homeboy Industries, un celebrado programa de rehabilitación de pandilleros, y la California Endowment, una fundación dedicada a ampliar el acceso a la atención médica. Ambas organizaciones están en conversaciones acerca de cómo usar otras propiedades cercanas.
Solís dijo que el condado está trabajando con ellos para crear un plan maestro que ella llamó Hope Village.
El masivo complejo carcelario al este también podría incorporarse algún día. A petición de Solís, el condado está trabajando en un plan para cerrar la cárcel como parte de la nueva política de encarcelamiento de la Junta de Supervisores.
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