Algunas autopsias permanecen en secreto por años; las familias de los asesinados por la policía exigen que eso cambie
Los informes de algunos forenses sobre los famosos y no tan famosos se mantienen fuera del público.
Es una lista de tragedia y violencia, un listado poblado con algunos famosos y otros que fueron arrancados de la oscuridad por las circunstancias excepcionales de su muerte.
Elizabeth Short, conocida como Black Dahlia, es miembro permanente de esa lista. Nicole Brown Simpson y Ron Goldman siguen todavía allí, al igual que Susan Berman, la escritora a quien Robert Durst fue acusado de matar en su bungalow de Benedict Canyon. Notorius B.I.G. estuvo en el listado durante unos 15 años, después de ser asesinado en un tiroteo.
La gran mayoría son entradas más recientes, incluido Andrés Guardado, el joven de 18 años que fue asesinado a tiros, en junio, por un agente del sheriff del condado de Los Ángeles, en Gardena.
Estas son personas cuyas muertes han estado bajo una llamada “reserva de seguridad” por la oficina del forense del condado de Los Ángeles, un estado que impide la divulgación pública de sus autopsias, a menudo durante meses, años o, en algunos casos, de forma indefinida.
En un momento dado, puede haber más de 100 casos bajo esta custodia de seguridad. Este bloqueo se consideraba una función procesal de rutina, impuesta casi siempre a pedido de la policía o los fiscales para proporcionar un manto de secreto durante la investigación de muertes complejas, de alto perfil, misteriosas o inusuales. Por lo general, la medida se levanta solo cuando la policía o la agencia querellante que lo solicita da luz verde para ello.
Pero en los últimos años, la práctica se hizo más evidente cuando oficiales de policía en servicio han matado a civiles, casos en los que la ira y el escepticismo desatan pedidos de rendición de cuentas y más transparencia, y en los que esa reserva de seguridad solo agrava la fuerte desconfianza.
El secreto puso a la oficina del forense en el centro de un apasionado debate, que llegó a un punto crítico con la muerte de Guardado, quien trabajaba como guardia de seguridad en un taller de carrocería, el 18 de junio, cuando los oficiales se acercaron a él y el joven huyó, comentó la familia. Los agentes declararon que Guardado sacó un arma de fuego durante la persecución. Su asesinato provocó días de protestas y pedidos de justicia y respuestas.
Después de que la familia de Guardado compartió públicamente los resultados de una autopsia independiente, el forense del condado de Los Ángeles, el Dr. Jonathan Lucas, rompió unilateralmente la reserva de seguridad impuesta por el Departamento del Sheriff y dio a conocer el informe completo, donde se confirma que el joven de 18 años tenía cinco disparos en la espalda.
“Creo que el gobierno puede hacer su parte siendo más oportuno y transparente al compartir información, que el público exige y tiene derecho a ver”, remarcó Lucas en un comunicado.
El sheriff Alex Villanueva se sintió furioso y rápidamente reprendió la revelación, alegando que ponía en peligro la investigación en curso, así como cualquier “procedimiento penal o administrativo futuro”, e incluso podía corromper a posibles testigos.
Las autoridades sostienen que las reservas de seguridad son esenciales para preservar la integridad de los casos, y para los parientes de muchas víctimas de homicidio, la práctica se ha realizado en gran medida sin controversia. Las familias a menudo forman vínculos estrechos con detectives o fiscales de distrito y tienen un mayor grado de confianza a medida que las autoridades intentan enjuiciar un asesinato.
Pero para los familiares de los asesinados por la policía, la reserva de seguridad es uno de los varios tratos diferentes que sufren; una de las maneras en que se les impide conocer oficialmente los detalles de los últimos momentos de un ser querido.
“Los parientes suponen que es una forma de hostigarlos y hace que su pérdida sea aún más difícil porque no pueden determinar cómo fue asesinado su ser querido”, expresó Lael Rubin, un fiscal retirado del condado de Los Ángeles que sirve en la comisión civil que supervisa el Departamento del Sheriff. Rubin señaló casos en los que esas reservas de seguridad han estado vigentes por dos años o más. “La versión oficial era: ‘Solicitamos una reserva de seguridad para investigar más a profundidad’, pero resulta sospechoso”, señaló. “Si no han completado una investigación en dos años, ¿qué están haciendo?”.
Según la ley estatal, los informes del forense son de dominio público. Estos informes suelen comprender tres en uno: pruebas de toxicología, una autopsia y un resumen de investigación. Los documentos pueden ser muy detallados, con un historial médico, una lista de medicamentos recetados que tomaba la persona y los médicos que expidieron dichos productos farmacéuticos, descripciones de la anatomía del individuo y la forma en que pereció.
Después de años de discusiones, el Departamento del Sheriff aún no ha equipado a los diputados con cámaras corporales.
No se publican fotos o videos de una escena de la muerte, pero un informe puede incluir el diagrama de un cuerpo, junto con descripciones de tatuajes y piercings.
Una medida de reserva implica que esa muerte no aparezca en la base de datos en línea del forense, y que el personal de la oficina tenga “acceso limitado a la información del caso”, comentó Sarah Ardalani, portavoz del Departamento de Medicina Forense.
La reserva de seguridad se ha convertido en una característica estándar después de la muerte de una celebridad, como la cantante Whitney Houston, la actriz y escritora Carrie Fisher, el actor Paul Walker y la esposa del actor Robert Blake. En estos casos, la medida impide que detalles escabrosos lleguen a los tabloides y generalmente se levanta en un lapso de tres a seis meses, cuando se completa totalmente el informe.
“Su función principal es garantizar que los hechos del caso se mantengan en reserva hasta que la investigación pueda ser examinada a fondo”, expuso el Dr. Mark Fajardo, el principal patólogo forense del condado de Riverside y ex forense del condado de L.A.
De las aproximadamente 8.000 muertes revisadas cada año por la oficina forense del condado de Los Ángeles, una pequeña fracción se mantiene en secreto.
“Se gana un poco de tiempo”, comentó Craig Harvey, un veterano jefe de investigaciones del forense del condado, quien se retiró en 2015. Según el experto, los detectives y fiscales pueden considerar la confidencialidad como esencial para identificar a un sospechoso que tenía información que solo el asesino podía conocer.
Por ejemplo, la detective del LAPD Meghan Aguilar señaló en un comunicado que el informe de la autopsia puede detallar si la víctima fue agredida sexualmente y si se recuperó evidencia de esto, información que los detectives y fiscales querrían mantener bajo control mientras persiguen a un sospechoso. La autopsia también puede revelar si hubo un forcejeo antes de que una persona muriera y qué tipo de lesiones en el cuerpo reflejarían esto.
No está claro por qué las autopsias de Simpson y Goldman permanecen bajo reserva. El LAPD precisó que esos asesinatos, de 1994, todavía se consideran sin resolución, lo cual garantiza la medida, pero el juez Lance Ito, quien presidió el juicio penal de O.J. Simpson, también parece haber sellado efectivamente las autopsias. La oficina del forense confirmó que las autopsias fueron puestas bajo confidencialidad por orden judicial.
“Recuerdo que esto fue acordado tanto por la fiscalía como por la defensa”, le dijo Ito a The Times por correo electrónico. El magistrado, quien está jubilado, se negó a explicar por qué dictó la confidencialidad de las autopsias, pero señaló que se exhibieron fotos de estas y que los expertos médicos transmitieron en audiencia pública los detalles de la causa de la muerte de las víctimas.
Las reservas de seguridad también podrían evitar que cierta información “provocadora” llegue al público sin el contexto adecuado; por ejemplo, una descripción de las heridas de bala en la espalda de una persona, argumentó Harvey. “Debido al trauma que le causa una bala al cuerpo, no necesariamente significa que la policía le disparó a alguien por la espalda”, expuso. “La gente puede inquietarse por algo. Pero podría haber una explicación y tener sentido, y así presentarse al gran jurado o al fiscal de distrito”.
Durante más de un año, la familia de Paul Rea, de 18 años, esperó ansiosamente para saber más sobre cómo el joven fue asesinado a tiros por un agente del sheriff del condado de Los Ángeles, durante una rutinaria detención de tránsito, en el este de Los Ángeles.
Los fiscales concluyeron en mayo pasado que el agente actuó legalmente, y luego cerró la investigación. La familia de Rea se enteró de ello por un periodista de The Times. Hasta finales del mes pasado, la autopsia permanecía bajo reserva.
Las imágenes de seguridad granuladas que capturaron parte del encuentro del 27 de junio de 2019 parecen mostrar a Rea separándose del oficial antes de que le dispararan cuatro veces. El agente Héctor Saavedra declaró que sintió una pistola en la cintura de Rea, pero el joven nunca la sacó, según un informe de la oficina del fiscal de distrito.
“Quiero saber todo el asunto. Deseo leer todo”, expresó Julie Díaz-Martínez, abuela de Rea. “Como familiar, la autopsia es importante, porque uno se pregunta, ¿todavía respiraba cuando lo llevaron al hospital? Te preguntas cuán letal fue el primer disparo, cuánto tiempo sufrió, y si realmente podría haberse evitado”.
En el último brote de su disputa con los funcionarios del condado, el Sheriff Alex Villanueva se refiere a la Supervisora Hilda Solís como “La Malinche”, un nombre históricamente utilizado en México para degradar a una mujer como traidora o vendedora.
Una espera de un año para que se levante una reserva de seguridad es común cuando la policía mata a civiles, pero la medida puede prolongarse durante dos años o incluso más.
“Buscan respuestas sobre cómo murieron sus seres queridos; la autopsia del forense a menudo es uno de los pocos archivos de información objetiva al respecto, y se les oculta”, dijo Sean Kennedy, miembro de la Comisión de Supervisión Civil del Sheriff. Kennedy propuso que el forense levante el secreto y haga públicos los documentos después de un período razonable, quizá de 60 días.
Para Walter Katz, un ex defensor público que se desempeñó en el comité de vigilancia de la policía de San José y fue inspector general adjunto del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, los retrasos determinan cómo son vistos los asesinados por la policía.
“No son tratados como víctimas de un delito. Toda la mentalidad que rodea la cuestión es: quien sea que haya sido baleado por la policía es el sospechoso, y el agente que utilizó la fuerza es la víctima”, precisó Katz. “Así lo caracterizan los libros de homicidios creados por las agencias”.
No todos los casos en los que un oficial de policía en servicio dispara fatalmente a un civil son puestos en reserva de seguridad, según las agencias locales del orden.
Una capitana del LAPD, Gisselle Espinoza, aseveró en un comunicado que tales medidas están “basadas en la naturaleza confidencial, legal y sensible de un caso”. Citó otros factores, incluida la protección de la evidencia y la revisión adecuada por parte de la oficina del fiscal de distrito. “Si se divulgan los resultados de la autopsia durante una investigación activa, se puede contaminar las entrevistas de seguimiento de las víctimas, los testigos o los transeúntes”, agregó Jennifer De Prez, portavoz del Departamento de Policía de Long Beach.
La policía de Los Ángeles mantiene una reserva de seguridad sobre la autopsia de Melyda Corado desde hace más de dos años. Corado estaba trabajando, el 21 de julio de 2018, en el Trader Joe’s de Silver Lake, cuando Gene Atkins llegó, con un rehén, tras una larga persecución en automóvil por dos oficiales. Atkins detuvo el vehículo, corrió hacia la tienda -que estaba abarrotada de compradores- y disparó a los oficiales. La policía devolvió el fuego y una de las balas alcanzó a Corado y la mató.
“Mely Corado no era alguien que estuviera involucrada con la policía. Ella no era sospechosa de un delito”, dijo John Taylor, el abogado que representa a la familia Corado en su demanda por homicidio culposo contra la ciudad y el LAPD. “Así que tener una reserva de seguridad en su caso ha sido desconcertante y confuso”. “Si hay algo que está en el cuerpo como evidencia y que sería conocido solo por el autor del crimen, podría entenderlo”, agregó Taylor.
La Comisión de Policía de Los Ángeles dictaminó que el oficial que originó el tiro que mató a Corado actuó de acuerdo con la política del LAPD. Atkins fue acusado bajo la doctrina de asesinato de “acto provocado” por presuntamente desencadenar los eventos que derivaron en la muerte de Corado.
La reserva de seguridad sigue en pie. Albert Corado, un organizador comunitario que ahora vive en el departamento de su fallecida hermana, en Atwater Village, siente que el secreto es parte de una campaña para bloquear la información.
El año pasado, los abogados de la familia Corado demandaron al condado de L.A. para que revele la autopsia. La oficina del forense se negó y remitió a la familia a un detective del LAPD, según los registros judiciales. Luego, los familiares persuadieron con éxito a un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para que ordenara la liberación de la información. La ciudad no se opuso a la medida en la corte, pero tampoco levantó la medida de seguridad.
Albert Corado revisó el informe y confirmó lo que ya sabía: su hermana murió a causa de una herida de bala, lo cual convirtió el secreto en una fuente mayor de ira y motivación. “Cuando se niegan tanto a dar información en el período previo al juicio lo que buscan es que uno quiera renunciar”, reflexionó.
La policía de Los Ángeles le dijo a The Times la semana pasada que había ordenado al oficial investigador en el caso Corado que retirara la reserva de seguridad. En un comunicado, el departamento adelantó que el informe debería estar disponible al público este mes.
Las redactoras de planta de The Times Maloy Moore y Nicole Santa Cruz contribuyeron con este informe.
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