Los pacientes con coronavirus podrían ser la nueva gallina de los huevos de oro para los hogares de ancianos
Las casas de reposo podrían cobrar cuatro veces más por los pacientes de coronavirus que por otros residentes. Algunos se preocupan de que los residentes que no tienen coronavirus sean expulsados.
La industria de los hogares de ancianos se vio devastada por el coronavirus; el brote mató a miles de residentes de edad avanzada y probablemente preparó el escenario para regulaciones más estrictas y enormes responsabilidades legales.
Pero la crisis sanitaria presenta a los operadores una potencial ventaja financiera. Los pacientes con COVID-19 podrían valer más de cuatro veces lo que los hogares cobran a los residentes de largo plazo con problemas de salud relativamente leves.
Algunos defensores de pacientes y expertos de la industria temen que el pago premium disponible para los afectados por coronavirus -y una flexibilización simultánea de las regulaciones en torno a los traslados- tiente a algunos gerentes de asilos a mudar a sus residentes que pagan poco para ingresar a pacientes de COVID-19, más lucrativos, a pesar de los evidentes riesgos para la salud de los residentes y el personal. “Probablemente haya algunos operadores sin escrúpulos que lo harían”, consideró David Grabowski, profesor de políticas de salud en la Facultad de Medicina de Harvard, quien de igual manera cree que la mayoría no lo haría.
Un nuevo sistema de reembolso de Medicare que entró en vigencia el otoño pasado paga a los hogares de ancianos sustancialmente más por los nuevos pacientes, incluidos los dados de alta de hospitales, particularmente durante las primeras semanas. Según esas pautas, las personas con COVID-19 pueden aportar más de $800 por día, según los administradores de hogares de ancianos y los directores médicos entrevistados por The Times.
Son ricos y viven en lugares elegantes. Así es como el brote de coronavirus los afecta.
Por contraste, las instalaciones cobran tan sólo $200 por día por personas con demencia a largo plazo, precisaron los expertos de la industria.
Los asilos de ancianos siempre han tenido un incentivo financiero para atraer pacientes a corto plazo -que pagan más- y deshacerse de los que pagan poco a largo plazo, consideró Grabowski. Pero los riesgos para la salud de los residentes y el personal son tan altos durante la pandemia de COVID-19, remarcó Grabowski, “que sospecharía un poco de un hogar de ancianos de baja calidad que se ubique en el primer lugar de la lista por esto”.
Los sistemas de salud en todo el país intentan conseguir lugares seguros para poner en cuarentena a los residentes de asilos con coronavirus, en pos de proteger a quienes no han sido infectados. Los hospitales también están desesperados por reducir el cuello de botella de los pacientes con COVID-19 que ya no necesitan estar internados pero que no pueden cuidarse a sí mismos en sus casas.
Con ese fin, los departamentos de salud intentaron establecer hogares de ancianos especiales, llamados “COVID-19-positivos”, para lidiar con la crisis.
Hasta ahora, sólo una casa en el condado de Los Ángeles fue designada como ‘COVID-19 positiva’ por el Departamento de Salud Pública del país: Country Villa South, una instalación que cuenta con 87 camas, en Palms. El sitio ya ha sufrido un brote: 81 de sus residentes y empleados habían dado positivo por el virus hasta la semana pasada, y 10 muertes fueron reportadas a los funcionarios de salud del Condado.
La casa tiene un historial regulatorio ambiguo, con sólo una estrella -la puntuación más baja posible- en el sistema de clasificación de cinco estrellas de Medicare. También tuvo violaciones recientes por no seguir los protocolos del control de infecciones, según muestra una revisión de The Times de los registros de inspección y quejas.
Rockport Healthcare Services, la compañía que supervisa a Country Villa South y otros más de 70 hogares en California, fue demandada en marzo pasado por una exempleada que alegó haber sido despedida por negarse a dar de alta a pacientes del programa estatal Medi-Cal, para dar cabida a otras personas con seguro privado -que pagan mejor-. Estos supuestos hechos ocurrieron antes del brote de coronavirus.
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En su denuncia, Lidice Díaz, quien era la directora de desarrollo de negocios en Pomona Healthcare and Wellness Center, alegó que los gerentes instruían al personal para que preparara una lista de “personas a dar de alta” diariamente. Los residentes en la lista, según la demanda, eran pacientes de Medi-Cal. “Esta gente a menudo no tenía una orden del médico que permitiera o recomendara el alta”, establece el documento.
En otras ocasiones, alegó Díaz, le dijeron que llamara a la familia de un paciente, le informara que el residente debía ser dado de alta, y que “no aceptara un no por respuesta”.
Díaz y su abogado se negaron a hacer comentarios, citando el litigio en curso. El presidente ejecutivo de Rockport, el Dr. David Silver, afirmó que confía en que las acusaciones serán falsas, pero se negó a comentar sobre detalles específicos de la demanda.
El mes pasado, un ejecutivo de Rockport envió un correo electrónico indicando a los hogares de la cadena que se prepararan para transferir a los pacientes que no necesitaban atención de enfermería especializada, para dar paso a una ola de “personas gravemente enfermas” que comenzarían a llegar desde los hospitales de cuidados intensivos, que estaban en “extrema necesidad” de camas libres.
El correo electrónico informaba al personal que el requisito del Departamento de Salud Pública de California, de advertir a los residentes 30 días antes de un alta inminente, se había reducido a 10 días, y que Rockport había contratado una agencia de colocación para ayudar a encontrar lugares para los residentes. “Entendemos que no es fácil hallar destinos para los residentes con bajos ingresos, pero debemos ser proactivos con nuestra planificación de altas durante este momento difícil”, remarcaba el correo electrónico.
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Silver expresó que el email fue la forma en que su compañía respondió a una advertencia de los funcionarios estatales para prepararse ante un aumento esperado de pacientes con coronavirus. “Acordamos hacer nuestra parte”, escribió Silver a The Times. “El correo electrónico claramente hace referencia a garantizar las altas seguras y apropiadas. Esto no tiene nada que ver con las tasas de pago o los niveles de ingresos de los pacientes. Estamos liderando el camino para estar a la altura de este momento”, agregó Silver. “Ninguna otra empresa de enfermería especializada dio un paso adelante como nosotros”.
Rockport envió recientemente una carta a las aseguradoras de salud para informarles que la compañía facturaría $850 por día a los pacientes con coronavirus, según varios expertos de la industria de asilos entrevistados por The Times. Silver señaló que no sabía a qué carta se referían y que tales negociaciones generalmente se llevan a cabo en privado. Pero, expuso, su empresa estaba preparada para ofrecer tarifas con descuento, y que $850 por día es aproximadamente un 20% de descuento de lo que pagaría Medicare.
Al Dr. Michael Wasserman, ex CEO de Rockport, le sorprendió el correo electrónico que indicaba al personal que debía prepararse para dar de alta a los residentes y hacer espacio a pacientes con coronavirus. “Para mí, desde una perspectiva empresarial, sólo hay una razón para ello: reemplazar a los residentes que pagan menos por otros que pagan mejor”, dijo. “Es tan malo decirle a una persona anciana y frágil en un hogar que sólo tiene 10 días para mudarse…”, agregó. “La mitad de estos pacientes padecen demencia”.
Cuando se comenzó a correr la voz dentro de los círculos de la industria, a mediados de abril, de que la administración actual de Rockport estaba presionando al Condado para que designara a Country Villa South como una instalación positiva para COVID-19, Wasserman envió un correo electrónico a los funcionarios del Condado informándoles sobre el pobre historial regulatorio del sitio y advirtiéndoles que enviar pacientes con COVID-19 allí “abrumaría su capacidad de cuidar a los residentes”.
El Dr. Zachary Rubin, que trabaja en el control de enfermedades transmisibles para el Departamento de Salud Pública del Condado, respondió a Wasserman en un correo electrónico que las manos del Condado estaban atadas porque “no había una gran cantidad de lugares que quisieran hacer esto”.
En su correo electrónico, que fue revisado por The Times, Rubin explicó que el Condado estaba buscando hogares que ya tuvieran un brote, para no introducir el virus en una instalación que no tenía infectados entre sus residentes y personal. El Condado, escribió, también estaba buscando hogares que pertenecieran a una cadena más grande y con mucho personal, para que hubiera gente disponible para trabajar cuando algunos empleados se enfermaran y debieran quedarse en casa.
Rubin no respondió a una solicitud de comentarios para este artículo.
Los funcionarios del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles se negaron a decir si habían revisado el historial regulatorio de Country Villa South o la reciente demanda presentada contra Rockport antes de designarlo como un lugar para que otras instalaciones envíen a pacientes con coronavirus.
En respuesta a las preguntas de The Times, un funcionario del departamento no identificado comentó por correo electrónico que la designación no debe considerarse como “un respaldo de la Salud Pública”. Pero el email reconoció que los funcionarios del Condado habían consultado con el hogar y querían asegurarse de que tenía “procedimientos óptimos para el cuidado de pacientes con COVID”.
Ello resultó una sorpresa para algunos cuyos seres queridos viven en esas instalaciones. Un familiar de un residente de Country Villa South que resultó negativo en las pruebas contra el virus dijo que no tenía idea de que la casa había sido designada como centro para atención de COVID-19 hasta que una asistente de enfermería se lo dijo y le advirtió que sería bueno sacar a su familiar de allí. “Eso me molestó; saber que tomaron la decisión de convertirlo en un sitio de tratamiento sin que nadie lo supiera”, comentó la mujer, que pidió no ser identificada por temor a represalias contra su ser querido.
La instalación prometió que encontraría un nuevo hogar para su pariente, informó la mujer, pero hasta el jueves pasado eso no había ocurrido.
El tema es particularmente preocupante porque, incluso antes de la pandemia, Country Villa South no parecía tener suficiente desinfectante para manos y, a veces, no había jabón en la habitación de su familiar, comentó la mujer, quien también trabaja en el área de la salud.
A menudo se pregunta por qué una instalación que no ponía demasiado cuidado en la higiene considera ahora convertirse en un centro de atención de aquellos con COVID-19. “No hay otra explicación más que por el cheque de pago”, afirmó.
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