Las personas mayores que enfrentan un desalojo temen la falta de vivienda y el aislamiento a medida que avanza la crisis en California
La amenaza de desplazamiento, pérdida de la comunidad y la rutina puede tener un costo mental y físico
Mario Canel conoció a su esposa dentro del departamento donde ha vivido durante los últimos 33 años.
Canel, un pintor de casas, trabajaba en el complejo Silver Lake cerca de Sunset Boulevard, pero él y su cliente se conectaron rápidamente a través de sus raíces guatemaltecas. No pasó mucho tiempo antes de que Mario y Sabina se casaran, y su hogar se convirtió en el suyo. Durante años, disfrutaron de comodidades tales como recolectar alguna verdura desde fuera de su ventana frontal.
Cuando su esposa murió en abril de 2005, Canel se consolaba con caminatas por todo el vecindario y su conexión con las personas que vivían dentro del edificio de bungalows de ocho unidades. También ayudó que incluso cuando el vecindario circundante se gentrificó, el control de la renta la mantuvo por debajo de los $400.
El condado de Los Ángeles investiga si un aviso de desalojo enviado a una mujer de 102 años de edad, del que ha sido su hogar por largo tiempo en Ladera Heights, violó las protecciones temporales para inquilinos aprobadas por los legisladores el año pasado.
Pero hace tres meses, un inversor inmobiliario compró el complejo y pronto les dijo a todos los inquilinos que se fueran. De repente, Canel se enfrentó a la perspectiva de tener que encontrar una nueva casa en un mercado donde las unidades cercanas alquilan por más de lo que recibe en sus beneficios mensuales del Seguro Social, su único medio de apoyo.
“Siento que me estoy sofocando”, dijo Canel, de 73 años, en español. “Todos los días”.
La amenaza de desplazamiento, pérdida de la comunidad y la rutina puede tener un costo mental y físico. Los expertos dicen que eso es especialmente cierto para las personas mayores, que son quizá los más vulnerables a las crecientes rentas y desalojos de California de cualquier grupo de edad, y los de más rápido crecimiento en el estado.
Hay indicios de que las personas mayores se ven desproporcionadamente afectadas por los tipos de desalojos que ahora enfrenta Canel. Los hogares con al menos una persona de 62 años o más representaron el 26% de los desalojos en los edificios de renta controlada de la ciudad de Los Ángeles entre junio de 2014 y mayo de 2019, según el Departamento de Inversión Comunitaria y de Vivienda de Los Ángeles. En comparación, el 13% de los hogares de alquiler en propiedades construidas antes de 1979 están encabezados por alguien mayor de 65 años, según las estimaciones del Censo 2017. (La mayoría de los edificios con renta controlada en Los Ángeles se construyeron antes de 1979).
La amenaza de desalojo se puso de manifiesto en mayo cuando se difundió la noticia en las redes sociales de que Thelma Smith, de 102 años, enfrentaba una rescisión del contrato de arrendamiento en un área no incorporada del condado de Los Ángeles. Smith había vivido en su residencia de Ladera Heights durante casi 30 años cuando su arrendador le avisó que se fuera. El ex gobernador Arnold Schwarzenegger, amigo de la mujer, fue uno de los muchos que expresaron su indignación por la acción legal.
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Pero incluso cuando no se enfrentan al desalojo, las personas mayores que dependen de un ingreso fijo tienen más dificultades para resistir los aumentos de alquiler, incluso los incrementos moderados permitidos bajo el control de alquiler. En 2016, el 29% de todos los hogares de inquilinos en California pagaban más de la mitad de sus ingresos en vivienda, según el Centro Conjunto para Estudios de Vivienda de Harvard. Esa cifra aumenta al 35% de los arrendadores de entre 65 y 79 años, y al 42% de los de 80 años o más.
El aumento general de la renta se ha desacelerado en los últimos dos años. Pero el precio promedio de un apartamento vacante en el condado de Los Ángeles es casi un 40% más alto que en 2012, sumando $2.329 al mes, según Zillow.
Se ha culpado a ese rápido aumento de orillar a personas de todas las edades a la calle, pero vivir en las calles puede ser particularmente traumático para la gente mayor. En 2018, cuando el número total de individuos sin hogar disminuyó, el recuento de personas sin hogar de 62 años o más en el área metropolitana de Los Ángeles aumentó un 22%, a casi 5.000. Según el último recuento de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles, esa cifra ha crecido a 5.231.
“Mudarse es molesto a cualquier edad”, dijo Tracy Greene Mintz, una consultora de atención senior con sede en Redondo Beach. “[Pero] si no escuchaste lo que alguien te dijo acerca de qué [vivienda] está disponible, o no puedes leer tu aviso de desalojo o contrato de alquiler y si no eres capaz de comprender y resolver problemas, ¿cómo le vas a hacer para sobrevivir a eso?... o te adaptas a una nueva rutina o te desmoronas por completo”.
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El nuevo propietario de la vivienda de Canel es una sociedad limitada, un vehículo de inversión inmobiliaria popular. Los intentos de comunicarse con Stephen Williams, quien figura en una presentación estatal como representante de la asociación, no tuvieron éxito. Una carta dejada para Williams en la oficina de El Segundo que la sociedad enumera no fue respondida y un hombre allí se negó a comentar. Los correos electrónicos a una dirección que los nuevos propietarios dieron a los inquilinos también quedaron sin respuesta.
En la avenida Bellevue en Echo Park, a poca distancia del complejo de Canel, Luis Contreras, de 63 años, y su familia también están buscando un nuevo hogar después de que otra sociedad limitada compró su edificio de renta controlada y les dio a los inquilinos un aviso de desalojo. La asociación también incluye a Williams como representante.
Contreras, un “jinete de todos los oficios” retirado que trabajaba en fábricas y pintaba casas, tuvo dos cirugías a corazón abierto y dijo que su salud ahora está empeorando. Pero sobre todo le preocupa cómo su familia encontrará otro hogar seguro y asequible con sus ingresos limitados.
Un día después de que la familia de cuatro personas recibió un aviso para dejar su unidad de un dormitorio de $837 al mes, Contreras fue al hospital con dolores en el pecho. Pero no se quedó mucho tiempo, a pesar de los consejos del médico de la sala de emergencias.
“Tengo miedo de dejar el apartamento desocupado, porque podrían venir y cambiar las cerraduras”, dijo.
Como Contreras tiene por lo menos 62 años, las reglas de la ciudad permiten que la familia se mude hasta después de un año. Kevin Contreras, un guardia de seguridad en Beverly Hills que está ayudando a su madre, padre y hermana a buscar un nuevo lugar, dijo que pueden pagar el alquiler de $1.100 por mes. Los propietarios le han dicho que no aceptarán más de dos adultos en una habitación; espera que alguien haga una excepción para su hermana, que está discapacitada. En cualquier caso, una búsqueda reciente en Zillow mostró sólo cinco alojamientos de un dormitorio por debajo de su precio en toda la ciudad de Los Ángeles.
Mientras tanto, el estado sigue está envejeciendo. El Instituto de Políticas Públicas de California predice que el número de californianos de 65 años o más crecerá en más de 4 millones en 2030, casi el doble de lo que era en 2012.
En muchos sentidos, los inquilinos como Canel y Contreras que viven en edificios con renta controlada tienen más protección que otros. Los dueños de esas propiedades, que en la ciudad de Los Ángeles generalmente se construyeron antes de 1979, pueden aumentar su alquiler sólo una cantidad limitada cada año y los arrendadores generalmente no pueden ser desalojados a menos que no paguen la renta o infrinjan otras reglas.
Sin embargo, los propietarios pueden cobrar todo lo que quieran cada vez que se desocupe una unidad. Y, según una norma estatal conocida como la Ley Ellis, pueden deshacerse de los inquilinos que siguen las reglas si eliminan permanentemente las unidades del mercado de alquiler, algo que a menudo se hace para convertirlas en condominios o construir viviendas nuevas y más caras.
Los críticos de la ley dicen que destaca a algunos grupos étnicos y religiosos mientras protege a otros.
Los inquilinos retirados de esa manera obtienen permisos adicionales y asistencia para la reubicación, aunque ese dinero se puede consumir relativamente rápido al cambiar los costos y los altos alquileres de hoy.
Canel, por ejemplo, puede obtener un año para mudarse y $21.200. Si fuera aprobado para el lugar más barato en Silver Lake que se anuncia en Zillow, un apartamento tipo estudio de $1.225, eso cubriría la diferencia entre sus alquileres antiguos y nuevos durante dos años, sin tener en cuenta los costos de mudanza y un depósito.
En edificios sin renta controlada, los propietarios pueden aumentar el alquiler tan alto como lo deseen y, por lo general, pueden decirle a los inquilinos a largo plazo que se vayan en 60 días, siempre que al hacerlo no rompa un contrato de arrendamiento. En esos casos, las tarifas de reubicación no suelen ser necesarias.
Una posible válvula de alivio, viviendas para personas mayores subsidiadas y vales federales de la Sección 8, es escasa, lo que obliga a las personas a resistir en el mercado abierto. “Con un ingreso fijo, simplemente no hay manera de mantenerse al día con los cambios en las tasas de mercado”, dijo Steven Wallace, director asociado del Centro de Investigación de Políticas de Salud de UCLA.
La alta proporción de personas mayores víctimas de desalojos puede ser un reflejo de que muchos han permanecido en sus unidades durante décadas y sus viviendas de bajo alquiler hacen que sus propiedades sean especialmente atractivas para la reurbanización.
Al igual que con muchos aspectos de la recesión de vivienda, la crisis de las personas de la tercera edad es más evidente en los vecindarios que se han aburguesado. El alquiler en Silver Lake y Echo Park se ha disparado a medida que esas y otras comunidades latinas de clase trabajadora desde hace mucho tiempo, alojadas cerca del centro, han visto una afluencia de residentes más ricos.
Los restaurantes y bares más caros se mudaron ahí, atendiendo a una clientela que pagará $16 por un plato de garbanzos y huevos escalfados.
“Hay mucha gente blanca mudándose” que puede pagar más en alquiler, dijo Dora Obando, quien se mudó junto a Canel hace 25 años. Obando, que tiene más de 70 años y también recibió un aviso de desalojo, siente que la comunidad latina está siendo expulsada del vecindario.
“Vivimos en un ambiente tan pacífico”, dijo, refiriéndose a su complejo. “El que ellos no tengan ninguna piedad y quieran desalojarnos nos parece muy injusto”.
Richard Green, director del Centro Lusk de Bienes Raíces de USC, dijo que la oferta y la demanda estaban impulsando la gentrificación. Las personas de mayores ingresos quieren vivir cada vez más en centros urbanos. Una escasez subyacente de viviendas desencadena una reacción en cadena, al poner a los hogares de clase media fuera de las zonas más ricas y obliga a esa gente a buscar alojamiento en vecindarios más asequibles.
Sin tener un techo a dónde ir, miles de indigentes se han dispuesto a acampar en diferentes zonas de Los Ángeles, pero en poco tiempo las autoridades podrán sacarlos de sus localidades si las consideran peligrosas.
Al ver un aumento en la demanda, dijo Green, los propietarios en áreas de bajos ingresos aumentan las rentas o reurbanizan sus propiedades para ganar más dinero y atender a las personas más ricas.
Pero Tracy Jeanne Rosenthal, del sindicato de inquilinos de Los Ángeles, dice que se pasa por alto el papel que los inversores pueden desempeñar para poner en marcha y acelerar el proceso, por ejemplo, comercializando un área como “moderna”. El sindicato, que está trabajando con inquilinos de Echo Park y de Silver Lake, manifiesta que el gobierno debería aprobar reglas estrictas contra las inversiones especulativas realizadas para reemplazar un grupo demográfico por otro.
Fred Sutton, vicepresidente de Asuntos Públicos de la Asociación de Apartamentos de California, dijo que el grupo de la industria alentó a sus miembros a pensar en los “impactos sociales a medida que revisan las realidades operativas” de sus edificios. Pero él asegura que algunas viviendas viejas necesitan ser reemplazadas. En lugar de controlar las rentas, alentó a las ciudades a expandir la oferta de viviendas y proporcionar subsidios de alquiler directo a las personas más expuestas.
Hay formas de amortiguar el golpe de la reubicación, dijo Nicholas Castle, profesor de la Universidad de West Virginia y experto en cuidados de alto nivel. Además de encontrar un lugar y mudarse, las personas mayores necesitan ayuda para adaptarse a una nueva rutina, reunirse con vecinos y encontrar el supermercado o la iglesia más cercanos.
Los inquilinos como Canel no obtienen ese nivel de ayuda, pero una portavoz del departamento de vivienda dijo que un consultor de reubicación puede proporcionar a las personas listados que se ajusten a sus criterios y transporte para ver los alquileres.
Luego están las complicaciones de navegar cualquier programa de asistencia.
Canel dijo que la oficina local del Seguro Social le comunicó que sus beneficios de bajos ingresos de $806 al mes, conocidos como SSI, se suspenderían si aceptaba el pago de reubicación. Eso lo dejaría con sólo $145 al mes en ingresos de jubilación.
Un portavoz de la Seguridad Social dice que SSI podría verse afectado porque, a diferencia de los beneficios de jubilación, se basa en las necesidades y el pago de reubicación podría calificar como ingreso.
Sin embargo, eso es discutido por el Departamento de Vivienda e Inversión Comunitaria de Los Ángeles, que dijo que no había recibido ninguna queja sobre la pérdida de beneficios. “No sería razonable obligar a los inquilinos a elegir entre aceptar ‘asistencia de reubicación’ y rechazar ‘asistencia de reubicación’ para no poner en peligro SSI”, escribió una portavoz del Departamento de Vivienda en un correo electrónico.
A medida que un número creciente de gobiernos locales están recurriendo al control de alquileres, incluidos Culver City, Inglewood y el condado de Los Ángeles no incorporado, los funcionarios estatales están explorando más opciones para proteger a los inquilinos.
Un proyecto de ley en la Legislatura estatal limitaría temporalmente los aumentos anuales en un 7% más la inflación en edificios de más de 10 años y brindaría a sus inquilinos protecciones de desalojo “por una causa justa”. Y el gobernador Gavin Newsom propone gastar dinero adicional para brindar asistencia legal a los arrendatarios.
Mientras tanto, otros argumentan que los esfuerzos estatales no van lo suficientemente lejos.
Un viernes reciente, los arrendatarios se unieron a los organizadores del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles en una marcha desde Pershing Square hasta la oficina del asambleísta Miguel Santiago (demócrata de Los Ángeles), que el año pasado no votó un proyecto de ley que hubiera impuesto algunas restricciones adicionales a la Ley de Ellis. (La oficina de Santiago dijo que está apoyando un proyecto de ley de Ellis más modesto este año, así como el límite de renta del 7%).
Canel se puso una camiseta roja que decía “Stop Acta Ellis” y gritó su historia por un megáfono mientras los conductores tocaban el claxon en apoyo a los manifestantes.
En una entrevista, el septuagenario dijo que estaba más optimista desde que se unió al sindicato de Inquilinos en una lucha por permanecer en su casa. Pero reconoció que su pánico no había desaparecido.
“No tengo a dónde ir”, dijo. “Podría morir en las calles”.
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